La imagen se viralizó rápidamente: la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, estaba parada ante la celda de una cárcel salvadoreña, vestida con ropa casual blanca y una gorra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A sus espaldas, decenas de reos llenos de tatuajes y con las cabezas rapadas la miraban fijamente. Una gruesa reja y varios agentes de seguridad armados los separaban.
“Quiero que sepan que si entran a nuestro país ilegalmente esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar”, declaró la funcionaria estadounidense con un tono amenazante en un video difundido en redes sociales por la administración de Donald Trump.
Todo esto se produjo durante una visita de Noem a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, el 26 de marzo de 2025. Días antes, más de 260 migrantes detenidos, 238 de ellos venezolanos, habían sido enviados allí, deportados desde una prisión en Texas. Era parte del acuerdo entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele para albergar a presuntos miembros de pandillas detenidos y expulsados de Estados Unidos.
El Cecot ha sido uno de los proyectos de Bukele en su lucha contra la violencia y el crimen organizado en El Salvador. Por sus amplios espacios no solo han pasado prisioneros encadenados con la cabeza agachada, sino también periodistas e influencers de diferentes rincones del mundo, invitados por el propio gobierno para mostrar el interior de la cárcel más grande de Latinoamérica. Una obra que incluso ha despertado el interés de otros países que buscan replicar su modelo.
Sin embargo, también alberga múltiples reportes documentados por la prensa estadounidense y organizaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra sus reos. Algunas, como la privación de alimentos y tratos degradantes, son reconocidas por el propio gobierno de Bukele, justificados bajo su política de máximo castigo contra delincuentes peligrosos, a los que considera “terroristas”. Un calificativo al que ahora se enfrentan los migrantes venezolanos recluidos allí.
Contexto histórico
Durante décadas, El Salvador estuvo sumido en una violencia armada que se mantuvo incluso después de finalizar su guerra civil en 1992. Pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) o la Mara Barrio 18 (M-18) tomaron el control de comunidades rurales y de bajos recursos, desarrollando diferentes actividades criminales. Para 2018, la tasa de muertes violentas era de 53,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo uno de los países más violentos de América Latina.
Varios presidentes como Francisco Flores (1999-2004) y Tony Saca (2004-2009) declararon la guerra a las pandillas con iniciativas como el Plan Mano Dura, pero sin lograr frenar el avance de las maras. En la década siguiente se recrudeció la violencia en El Salvador con diferentes ataques a militares y policías, así como masacres de ciudadanos comunes, haciendo de 2015 uno de los años más violentos en la historia del país desde la guerra civil, con 6.656 asesinatos registrados por la Policía Nacional Civil.
En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia, tomando la seguridad como una de sus banderas de campaña. El 20 de junio de ese año se lanzó el Plan Control Territorial, con el despliegue de la policía y el Ejército en la capital San Salvador y otras ciudades. Para 2021 la tasa de homicidios se redujo un 52 %, lo que despertó el interés mundial en el modelo de seguridad de Bukele.
No obstante, desde 2020 organizaciones como el International Crisis Group (ICG) han señalado que la reducción del crimen en El Salvador ha sido más producto de negociaciones informales que por el éxito de sus operativos. Aunque el gobierno salvadoreño ha negado esto en reiteradas ocasiones, medios de comunicación como El Faro han confirmado en sus investigaciones la existencia de conversaciones entre funcionarios de Bukele y jefes del MS-13 y el M-18 para acordar un alto al fuego.
De hecho, en 2021, durante la administración del demócrata Joe Biden, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al gobierno de Bukele de pactar con las maras, consideradas por ese país como organizaciones criminales internacionales. Esto volvió tensas las relaciones entre ambas naciones.
Creación del Cecot
Entre el 25 y 27 de marzo de 2022 explotó una nueva ola de violencia en El Salvador, con ataques de pandillas contra la población civil y 87 personas asesinadas. De acuerdo con expertos y fuentes consultadas por El Faro, los atentados habrían sido producto de una posible ruptura del pacto entre el gobierno y las maras.
En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó un “régimen de excepción” que restringió varias garantías constitucionales, permitiendo, entre otras cosas, violar la privacidad de las comunicaciones personales y realizar arrestos sin orden judicial. Esto llevó en los meses siguientes a la detención de más de 55 mil presuntos pandilleros, entre acusaciones de violaciones al debido proceso.
Por su parte, Bukele anunció en agosto de 2022 la construcción de un enorme complejo penitenciario para albergar a la gran cantidad de presuntos delincuentes bajo custodia. Durante el régimen de excepción, que aún sigue vigente por varias prórrogas aprobadas por el Parlamento, se han arrestado a alrededor de 85 mil sospechosos, lo que, sumado a la población carcelaria previa, da para inicios de 2025 más de 120 mil personas detenidas.
Esto convierte a El Salvador, con cerca del 2 % de su población en prisión, en el país con la mayor tasa de encarcelamientos del mundo, de acuerdo con El Faro (el país tenía 6,23 millones de habitantes en 2023). Mientras tanto, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denunciaron en su momento el “grave hacinamiento” en cárceles como Izalco y La Esperanza, con una cantidad de reclusos hasta tres veces superior a su capacidad.
Finalmente, el 31 de enero de 2023 se anunció la inauguración del Cecot. Con una extensión de 23 hectáreas, es la cárcel más grande de Latinoamérica y la tercera del mundo. Tiene una capacidad para 44 mil reos, aunque para mediados de 2024 su población estimada era de unos 15 mil. Como su nombre indicaba, sería una instalación de máxima seguridad destinada a miembros de las maras, considerados por el gobierno como terroristas.
Fortaleza incomunicada
El Cecot se encuentra en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente, en el centro del país. Está en una zona rural aislada de cualquier población, a las faldas del volcán San Vicente. Su perímetro, de más de 140 hectáreas, está rodeado por varios anillos de seguridad que incluyen cercas electrificadas, 19 torres de vigilancia y perros guardianes. Todo tipo de comunicación con el exterior está restringido, incluyendo la señal telefónica.
De acuerdo con el portal del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, las instalaciones del Cecot cuentan con un edificio residencial para los custodios, almacén de armas y equipos de seguridad, un edificio administrativo y una fábrica con 64 talleres de pintura, carpintería, textiles, entre otros. Los accesos son controlados por un escáner de cuerpo completo, un escáner paquetero y detectores de metales.
En cuanto al pabellón de los reclusos, la estructura de concreto armado se divide en ocho módulos de 2,4 hectáreas cada uno, con un total de 256 celdas. A su vez, cada celda posee 80 literas escalonadas de cemento, sin colchones, así como un lavadero común y dos inodoros sin privacidad. También dispone de un pabellón de confinamiento solitario con celdas aisladas y oscuras, con solo un agujero en el techo para la entrada de luz.
En las celdas no hay ventanas ni ventilación, y tienen sus techos descubiertos. Sobre ellos se despliegan plataformas metálicas con custodios armados que realizan rondas, teniendo vista al interior. Igualmente, hay un custodio asignado para vigilar el frente de cada celda. Todo el penal está resguardado por alrededor de 600 soldados de la Fuerza Armada salvadoreña y 250 funcionarios de la Policía Nacional Civil, quienes siempre cubren sus rostros con pasamontañas para proteger su identidad.
La vida en el Cecot
Lejos de cerrarse a la vista del público, el gobierno de Bukele ha buscado exhibir al Cecot como una de sus mayores obras. Al estilo de un guía turístico, el director del penal, Belarmino García, organizó visitas para periodistas y creadores de contenido, en los que no solo se mostraron las instalaciones, sino también las rutinas de los reos.
El Cecot es un centro penitenciario exclusivamente masculino, y a pesar de la rivalidad entre maras no existe ningún tipo de separación, por lo que sus miembros son mezclados adrede para convivir en las mismas celdas. Todos tienen el cabello rapado y visten completamente de blanco: sandalias, shorts cortos y camisas, aunque es normal que los reos estén con el torso descubierto. No poseen ningún tipo de pertenencia más allá de sus uniformes, una sábana y una toalla. Las celdas disponen solo de dos biblias para leer.
Los reos están en sus celdas 23 horas al día. Durante su hora libre no salen al exterior, sino que permanecen en los espacios del pabellón. Allí realizan ejercicios o reciben charlas de orientación. Para su extracción son esposados dentro de las celdas y salen en grupos de 5 a 10 personas, a los que se les encadena también en los tobillos durante su traslado al área designada.
Control riguroso
Los videos y reportajes sobre el Cecot siguen un mismo guion, con todo lo que sus directivos autorizan mostrar en sus recorridos. Sin embargo, también han permitido documentar prácticas que organizaciones de derechos humanos consideran maltratos, y que el gobierno salvadoreño no solo admite, sino que promueve abiertamente en su propaganda.
Por ejemplo, las celdas permanecen con las luces encendidas las 24 horas del día, y se regula todo tipo de acceso a servicios básicos, incluyendo el agua potable. Las comidas se reparten dos veces al día, sin cubiertos, en una dieta sin proteínas basada principalmente en granos, tortillas y cremas. Estas son cocinadas por presos de otras cárceles de baja seguridad, quienes son trasladados a diario al Cecot para cumplir con tareas de mantenimiento.
Debido a que el gobierno considera a los pandilleros como “terroristas irreformables”, no existen programas de reinserción social en el Cecot. Ni siquiera la posibilidad de trabajar en los talleres o hacer alguna actividad productiva. Aunque en El Salvador no existe la cadena perpetua, tampoco hay límite de pena máxima, por lo que existen reclusos con más de 100 años de condena, y que solo pasan sus horas en sus literas, sin ninguna noción del tiempo o esparcimiento.
Acusaciones de violaciones de derechos humanos
De acuerdo con El Faro, de las 85 mil detenciones ejecutadas durante el régimen de excepción, gran parte ocurrieron sin orden judicial y muchas permanecen todavía sin sentencia. En algunos casos, se han realizado audiencias masivas de más de 900 presos a la vez, con fiscales y jueces a los que no se les ve el rostro.
En el caso del Cecot, dentro de los mismos módulos de celdas hay salas de audiencias donde los presos comparecen ante el tribunal de forma telemática. De hecho, los reos pueden ser informados dentro de estas audiencias virtuales sobre extensiones de su condena, en caso de ser imputados por más delitos estando ya sentenciados.
Igualmente, las visitas de familiares están totalmente prohibidas en el penal. Ni siquiera por videollamada tienen permitido hablar con sus seres queridos, lo que viola diferentes normas del derecho internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, o los puntos 58 y 61 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
Organizaciones como Cristosal y Amnistía Internacional han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidos contra los presos de El Salvador durante el régimen de excepción de Bukele. Estas prácticas incluyen palizas por parte de los custodios y otros reos a los recién llegados, aislamiento, abuso sexual, e incluso torturas. Por su parte, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó que entre marzo de 2022 y diciembre de 2024 murieron 349 personas bajo custodia, varias por falta de atención médica adecuada.
Esto ha sido registrado en otras cárceles salvadoreñas, aunque no se ha podido confirmar formalmente en el Cecot debido a la incomunicación y al control que las autoridades tienen de lo que muestran a los visitantes. Sin embargo, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertu, aseguró en una entrevista para The New York Times que la situación allí podría no ser muy diferente.
“Basándonos en la tortura y los malos tratos que hemos documentado en otras prisiones de El Salvador, tenemos motivos para creer que las personas enviadas al Cecot corren un alto riesgo de sufrir abusos”, dijo.
Venezolanos desaparecidos
A principios de febrero de 2025, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, visitó El Salvador y sostuvo una reunión con Nayib Bukele. Allí, el mandatario se ofreció a recibir presos de otras nacionalidades, los cuales serían recluidos en el Cecot, a cambio de un pago anual de 6 millones de dólares. Así como hizo con el MS-13 y M-18, el gobierno salvadoreño se encargaría ahora de los presuntos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua detenidos en Estados Unidos.
Así, el 15 de mayo fueron enviados a El Salvador un grupo de 23 salvadoreños y 238 venezolanos acusados de ser pandilleros. Aunque un tribunal estadounidense prohibió la deportación, igual se llevó a cabo sin orden judicial ni notificación alguna. Aunque Rubio informó el 31 de marzo de un segundo envío de 17 deportados; y un tercero con 10 más el 13 de abril, la opacidad de los procedimientos ha impedido conocer a detalle sus nombres y nacionalidades, abriendo la posibilidad de que existan otras deportaciones sin conocerse.
Human Rights Watch y Socorro Jurídico Humanitario consideran estos procesos como “desapariciones forzadas”, pues no hay información clara sobre los detenidos, y una vez dentro del Cecot se vuelve imposible contactarlos o brindarles asesoría legal. Aunque se han filtrado algunas listas de nombres a la prensa, no abarcan el total de detenidos, y han sido familiares y amigos quienes han podido identificar a sus seres queridos al ver fotos o videos de las filas de venezolanos rapados, esposados y con la cabeza baja, pasando rápidamente del avión al camión para ir a la megacárcel.
Uno de los casos más mediáticos es el de Andry Hernández, un estilista tachirense de 31 años de edad, quien estaba recluido desde agosto de 2024 en un centro de detención para migrantes en California. En marzo de 2025 fue trasladado a Texas, donde su familia perdió comunicación con él. Fue días después que alguien lo reconoció al leer un artículo que el periodista Philip Holsinger había hecho para la revista Time sobre la llegada de los detenidos al Cecot.
Holsinger había tomado una foto de Hernández, rezando de rodillas mientras unos funcionarios le cortaban el cabello. Allí narró cómo el venezolano fue golpeado por los guardias, mientras sollozaba y gritaba que no era un pandillero, sino un peluquero que huyó de Venezuela por sus ideas políticas y su orientación sexual. Los funcionarios le ordenaron callar entre bofetadas, y lo siguieron golpeando incluso después de quedarse acurrucado llorando.
Gulag tropical
Tras su visita a El Salvador, Kristi Noem declaró a The Wall Street Journal que los venezolanos detenidos en el Cecot están en buenas condiciones, reciben atención médica continua, e incluso “tienen tiempo para hacer ejercicio”. Aseguró que los migrantes cuentan con sus comidas completas y duermen sobre colchones, algo que no ocurre con el resto de reclusos salvadoreños.
Una opinión contraria tiene el cineasta francés Lucas Menget, quien realizó un documental sobre el Cecot en marzo, justo antes de la llegada del primer lote de venezolanos. Lejos de ver un modelo de orden y disciplina en aquellos bloques asépticos de luces blancas y frías, vio en el silencio de sus reos lo que luego definió como un “gulag tropical”.
Un exmiembro del subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura también lo definió en una entrevista para Univisión como “un pozo de hormigón y acero para deshacerse de personas sin aplicar la pena de muerte». Un lugar en el que más de 252 venezolanos esperan a que el gobierno estadounidense decida su destino, en un proceso que podría demorar meses o años, aunque en el Cecot el tiempo deja de ser perceptible.
La entrada Rehenes del Cecot | Detrás de la megacárcel donde se apagan las voces de los venezolanos deportados se publicó primero en El Diario.
