Una investigación liderada por Adrián González, director de Cazadores de Fake News, ha destapado una compleja operación de propaganda digital que habría impulsado contenidos
favorables al régimen de Delcy Rodríguez mediante el uso de supuestos canales informativos en YouTube, actores argentinos y una red coordinada de sitios web y redes sociales.
En entrevista recientemente, González explicó los detalles de una operación que no solo evidencia la sofisticación creciente de las campañas de desinformación en América Latina, sino también las debilidades estructurales de las plataformas digitales para contener este tipo de estrategias.
Una detección que comenzó con alertas ciudadanas
Según dijo González, los primeros indicios surgieron de manera orgánica a través de usuarios que comenzaron a reportar la aparición recurrente de videos sospechosos en YouTube. Estos
contenidos, que simulaban ser piezas informativas, mostraban presentadores que elogiaban la gestión de Delcy Rodríguez y difundían narrativas positivas sobre la situación en Venezuela.
“Nos estaban inundando por varios lados al mismo tiempo”, explicó González, destacando que los reportes llegaban desde grupos de WhatsApp, Signal y mensajes directos en redes sociales.
En un principio, el equipo no dimensionó la magnitud del fenómeno. Sin embargo, tras obtener información clave —como los enlaces de los anunciantes detrás de los videos— se abrió una línea de investigación que permitió reconstruir la arquitectura de la operación.
Una red estructurada y en expansión
Lo que inicialmente parecía un conjunto limitado de canales terminó revelándose como una red mucho más amplia. De acuerdo con la investigación, el equipo pasó de identificar 14 canales en YouTube a detectar al menos 30 canales activos, con más de 80 videos en circulación.
Pero el alcance iba mucho más allá de la plataforma de video. Cada canal estaba vinculado a un sitio web propio, lo que permitió a los investigadores identificar una infraestructura digital completa compuesta por al menos 30 páginas web, todas diseñadas para replicar y amplificar el contenido.
Además, estos sitios web estaban interconectados con perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram, lo que confirma que se trataba de una operación coordinada de influencia digital y no de iniciativas aisladas.
“El objetivo era claro: construir una apariencia de ecosistema mediático legítimo”, explicó González, quien calificó esta estrategia como un mecanismo de “camuflaje” para ocultar la verdadera intención propagandística.
Actores reales, no inteligencia artificial
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación fue la identificación de los supuestos presentadores de los videos. A diferencia de operaciones anteriores —como el caso “House of
News”, donde se utilizaron avatares generados con inteligencia artificial— en esta ocasión se emplearon actores reales, principalmente argentinos.
Para llegar a esta conclusión, el equipo utilizó técnicas de verificación como la búsqueda inversa de imágenes, que permitió rastrear los rostros de los presentadores en otros contextos, incluyendo obras de teatro, campañas publicitarias y materiales promocionales.
“Nos dimos cuenta de que eran modelos y actores reales que habían sido contratados”, explicó González.
En algunos casos, los propios actores confirmaron haber participado en grabaciones bajo la modalidad de trabajos freelance, sin conocer el uso final del material. Una actriz incluso denunció públicamente que no había firmado contrato y que no recibió pago por su participación, lo que sugiere posibles irregularidades en la contratación.
Empresas intermediarias y vínculos con plataformas
La investigación también identificó la participación de empresas de comunicación política, algunas de ellas con sede en Argentina, que actuaban como intermediarias en la compra de publicidad digital.
Estas empresas, según González, son “partners” o socios de plataformas como Google y Meta, lo que les permite acceder a mecanismos de pautado más flexibles y eficientes que los
disponibles para usuarios comunes.
“Si tienes ese tipo de relación con las plataformas, puedes posicionar contenido con mucha más facilidad”, explicó.
Una de las compañías señaladas, FGMedios , ha argumentado que su rol se limita a actuar como intermediario, permitiendo que terceros contraten espacios publicitarios. Sin embargo, González cuestiona esta posición y sostiene que estas empresas tienen responsabilidad en la verificación del contenido que promueven.
El financiamiento: una estructura diseñada para ocultarse
Uno de los aspectos más difíciles de determinar es el origen del financiamiento de la operación. Según González, este tipo de campañas están diseñadas precisamente para ocultar el rastro
del dinero.
“No es casualidad. Son estructuras pensadas para que no se vea quién paga”, afirmó.
El experto plantea varios escenarios posibles: desde financiamiento directo de actores vinculados al gobierno venezolano, hasta iniciativas de terceros que buscan posicionarse
políticamente o ganar contratos futuros.
Este tipo de operaciones, conocidas como “campañas B”, no suelen declararse oficialmente y operan en la sombra, lo que dificulta su rastreo y regulación.
Impacto masivo y falta de control
Uno de los datos más alarmantes revelados por la investigación es el alcance de la operación. Según González, los contenidos lograron acumular más de 47 millones de visualizaciones en
YouTube, lo que evidencia su capacidad de penetración en la audiencia.
Este nivel de difusión plantea serias preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de control de las plataformas digitales. A pesar de las políticas contra el comportamiento inauténtico coordinado —como lo denomina Meta—, la operación logró mantenerse activa durante semanas.
“De nada sirve que eliminen los canales después, porque el daño ya está hecho”, advirtió González.
Un problema estructural en América Latina
El caso también pone en evidencia las debilidades regulatorias en países como Venezuela, donde no existen marcos legales sólidos para supervisar la publicidad política digital.
A diferencia de países como Argentina o Brasil, donde existen registros públicos de anuncios políticos, en Venezuela no hay mecanismos de transparencia que permitan rastrear este tipo de
campañas.
Además, las sanciones internacionales complican aún más el panorama, ya que obligan a canalizar las operaciones a través de terceros en otros países, lo que incrementa la opacidad.
Una alerta sobre el futuro de la información
La investigación de Cazadores de Fake News no solo expone una operación específica, sino que también revela un patrón creciente en el uso de herramientas digitales para manipular la
opinión pública.
El uso de actores reales, la creación de ecosistemas mediáticos falsos y la explotación de vacíos regulatorios configuran un nuevo escenario en la guerra informativa.
Para González, el desafío es claro: las plataformas, los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar conjuntamente para fortalecer los mecanismos de detección y prevención de estas
campañas.
Mientras tanto, la recomendación para los usuarios es mantener una actitud crítica frente al contenido digital y verificar siempre las fuentes antes de compartir información.
“Esto no es un caso aislado. Es parte de una tendencia global”, concluyó.