CARLOS ORTEGA (EFE)
La profunda crisis de financiación que enfrenta la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ya está dejando consecuencias graves en distintas partes del mundo, y los venezolanos también están pagando las consecuencias: en Latinoamérica, peligran los trámites para documentar y legalizar a más de 500.000 venezolanos en Colombia, quienes dependen de esta asistencia para regularizar su situación y sobrevivir con algo de dignidad.
La directora de protección internacional de ACNUR, Elizabeth Tan, advirtió este martes que la situación se ha agravado tras la reducción de la ayuda por parte de uno de sus principales contribuyentes: Estados Unidos. Esto ha obligado a detener diversos programas de ayuda en regiones donde la población desplazada sigue siendo extremadamente vulnerable.
En Sudán del Sur, por ejemplo, el 75 % de los espacios donde se ofrecía asistencia a mujeres y niños han cerrado, dejando a unas 80.000 víctimas de violencia sexual sin atención médica, apoyo legal ni económico. En Jordania, se han clausurado 63 programas que ayudaban a 200.000 personas, mientras que en países como Burkina Faso, Chad, Nigeria, Malí o Camerún, se han visto afectados otros programas de apoyo a mujeres frente a la violencia.
“En el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos, 850.000 desplazados se quedan sin asistencia legal esencial”, detalló Tan, quien además alertó que estos recortes están impactando directamente a regiones como América Latina, donde miles de venezolanos dependen de la documentación que otorga el organismo.
“Los recortes están eliminando una asistencia que era vital para los refugiados más vulnerables del planeta”, lamentó Tan, al recordar que hay más de 17,4 millones de niños refugiados en riesgo de explotación, trata o separación familiar por falta de apoyo internacional.
Con información de efe
