La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público informó que el Tribunal 1° de Control del Área Metropolitana de Caracas ratificó el martes 17 de junio la orden de privativa de libertad y ordenó el pase a juicio contra la periodista Nakary Ramos, reportera del medio digital Impacto Venezuela.
El Ministerio Público (MP) la acusó por instigación al odio y publicación de noticia falsa por un reportaje sobre el supuesto incremento de robos en Caracas.
Nakary Ramos fue detenida el 8 de abril, junto a su pareja, Gianni González, por organismos de seguridad del Estado, de acuerdo con lo que denunciaron el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
A Nakary Ramos le asignaron como centro de detención el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y a su esposo el Rodeo II.
El SNTP denunció que la pareja, quienes son padres de una niña de 5 años de edad, estuvieron desaparecidos por más de 70 horas antes de ser presentados ante el tribunal.
16 trabajadores de la prensa están detenidos en Venezuela
El CNP se pronunció el 2 de junio para exigir la liberación de 16 trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela.
“La libertad de prensa está bajo asedio: 16 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen presos arbitrariamente”, alertó el CNP.
“En los últimos años, hemos sido testigos de un deterioro alarmante en las condiciones del ejercicio de los periodistas: detenciones arbitrarias, cierres de medios y persecución sistemática”, afirmó el secretario general del CNP de Caracas, Edgar Cárdenas, citado en una nota de prensa, en declaraciones a medios de comunicación el 16 de abril de 2025.
A su juicio, la represión contra los trabajadores de la prensa se intensificó tras las protestas poselectorales de 2024.
Por su parte, la ONG Reporteros Sin Fronteras coincidió con que la persecución deliberada de reporteros se ha intensificado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Todos ellos (los trabajadores de la prensa) se enfrentan a cargos infundados de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir, acusaciones que el gobierno de Venezuela ha utilizado en repetidas ocasiones para acallar las voces disidentes y que pueden conllevar penas de hasta 20 años de prisión”, se lee en el documento publicado el 26 de febrero.
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