Por Ramón Escovar León
En su libro “Unas pinceladas de historia: Miranda, Bello, Bolívar”, Allan Brewer-Carías recuerda una verdad incómoda pero esencial: la independencia venezolana no fue un acto súbito de ruptura, sino un proceso largo, híbrido y esencialmente político. En él coexistieron hombres del antiguo orden monárquico con arquitectos del nuevo orden republicano.
En 1810, Venezuela no despertó independiente. Cruzó, más bien, un puente. De un lado estaba la monarquía española; del otro, una república aún incierta. En medio, figuras que entendieron que el cambio no consistía únicamente en derribar un sistema, sino en construir otro. Francisco de Miranda imaginó la ruptura; Simón Bolívar la impulsó. Pero Juan Germán Roscio y Andrés Bello —funcionarios civiles de la estructura hispánica— aportaron algo igualmente decisivo: la arquitectura intelectual del cambio. No destruyeron el sistema desde fuera. Lo transformaron desde dentro.
Dos siglos después, Venezuela se encuentra sobre otro puente. El país enfrenta una transición que no puede reducirse a una consigna ni a un instante. No se trata únicamente de sustituir un poder por otro, sino de reconfigurar las condiciones que hacen posible la democracia. Y esa reconfiguración tiene un punto de llegada claro: elecciones libres, verificables y universales que permitan recuperar la legitimidad constitucional. Ahí reside el núcleo del problema venezolano actual.
El derecho al voto —piedra angular de cualquier sistema democrático— ha estado marcado por limitaciones y ventajismos que han afectado su alcance y credibilidad, particularmente en lo que respecta a millones de venezolanos fuera del país. La participación de la diáspora, que constituye una parte sustancial de la nación, ha estado rodeada de restricciones, incertidumbres y obstáculos que cuestionan la universalidad del sufragio.
Una democracia que no logra incorporar plenamente a sus ciudadanos —estén donde estén— difícilmente puede reclamar legitimidad plena. Por ello, cualquier transición creíble en Venezuela debe partir de un principio irrenunciable: no habrá legitimidad sin inclusión electoral efectiva. Esto implica establecer mecanismos claros, accesibles y confiables que permitan a los venezolanos en el exterior ejercer su derecho al voto sin trabas indebidas. La diáspora es parte sustantiva del país real.
Pero el problema no es solo electoral. Es también institucional. Las transiciones duraderas no se sostienen únicamente en la voluntad política, sino en la construcción de instituciones que garanticen el equilibrio del poder y los cimientos del Estado de derecho. En el caso venezolano, ello pasa por transformaciones concretas: un nuevo Consejo Nacional Electoral que genere confianza; un Tribunal Supremo de Justicia independiente y creíble; y un sistema de justicia que actúe con autonomía y dignidad.
Dentro de ese proceso, una primera prueba decisiva será la designación de un fiscal general de la república que responda al interés público y no a la lógica de los sectarios. No se trata de un asunto menor. Es una señal temprana de si el cambio político avanza hacia una transformación real o si se limita a un reacomodo gatopardiano del poder.
La historia, sin embargo, ofrece otra lección menos evidente, pero igualmente crucial. Las transiciones no siempre provienen exclusivamente de la oposición. En 1810, algunos de los protagonistas del cambio habían sido —como se ha señalado— parte del sistema que se estaba transformando. Roscio y Bello no eran outsiders, sino hombres formados dentro del orden hispánico que en un momento decisivo eligieron la historia por encima de la inercia.
Esa posibilidad no debe descartarse hoy. Es plausible —y quizás necesario— que dentro del propio chavismo surjan actores capaces de facilitar la necesaria transición. Pero ello exige una condición escasa en tiempos de polarización: grandeza intelectual y sentido histórico. Es decir, la capacidad de comprender que sostener sine die un sistema agotado no es una forma de poder, sino un ejercicio de desgaste y de conflicto permanente.
No se trata de preservar el statu quo con ajustes marginales. El asunto es permitir su transformación hacia un orden legítimo, sin exclusiones basadas en sectarismo político o fanatismo ideológico. La paciencia, en este contexto, no puede confundirse con complacencia; y la transición, con permanencia indefinida.
Como en 1810, el desafío no es solo político, sino estructural: construir las condiciones para que el poder pueda cambiar de manos de manera efectiva, verificable y aceptada por todos. Eso requiere acuerdos, garantías e instituciones, pero también una convicción compartida de que el destino final no es la mera continuidad del poder, sino su legitimación democrática. Incluso quienes hoy ejercen el gobierno tienen derecho a la posibilidad de recuperarlo en condiciones de competencia real, sin ventajas indebidas y sometidos al veredicto del voto. Así ha ocurrido cuando han existido condiciones institucionales confiables y respeto efectivo a los resultados electorales.
Venezuela no necesita un nuevo episodio de ruptura sin consecuencias. Requiere, en cambio, un método de transición con destino claro: elecciones donde todos puedan votar, sin exclusión. Sin embargo, toda transición se mide en el momento en que el poder deja de justificarse a sí mismo y comienza a responder a la sociedad. Tal como sugiere Allan Brewer-Carías en su lectura de 1810, las transformaciones políticas duraderas no nacen de un instante, sino de procesos en los que convergen ruptura y construcción. Entenderlo hoy es una necesidad histórica.
En definitiva, la verdadera transición comenzará cuando la conducta del poder y la legalidad que lo sostiene reflejen la voluntad popular y se adapten a la evolución de la sociedad.