Los tratos crueles, inhumanos y degradantes, junto a las torturas y crímenes de lesa humanidad, son delitos que no prescriben.
El abogado, exparlamentario y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, se pronunció respecto a la reciente aprobación de una Ley de Amnistía General para los presos políticos. Si bien saludó la medida que beneficia a quienes han sido excarcelados bajo medidas cautelares —y a quienes aún permanecen bajo custodia—, Narváez fue enfático en señalar las graves fallas de un sistema de justicia que, a su juicio, abandonó su independencia.
Narváez denunció que el Poder Judicial se apartó de las facultades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual obliga a administrar justicia de forma imparcial. Según el defensor, el sistema se sometió a una «disciplina partidista» impuesta por el Ejecutivo, permitiendo la violación sistemática de garantías constitucionales y del debido proceso. Esta situación, afirmó, dio «luz verde» a los cuerpos de seguridad para cometer atrocidades contra la ciudadanía.
Responsabilidad Penal y Justicia Internacional
El defensor recordó que los crímenes perpetrados por componentes militares desde el 2014, bajo el marco del denominado «Plan Zamora», no quedan impunes ante la justicia internacional. Subrayó que ni la Ley de Amnistía ni los indultos pueden exonerar la responsabilidad penal en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
«Quienes pretenden arroparse con esta ley para evadir su responsabilidad por los crímenes cometidos, están equivocados. El Artículo 29 de la CRBV es claro, y esto no paraliza la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI)«, advirtió Narváez.
Finalmente, destacó que la fase ante el tribunal de La Haya está sumamente avanzada tras haberse agotado los recursos de apelación del Estado. Aseguró que los testimonios de quienes recuperaron su libertad servirán como insumos fundamentales para que la CPI proceda con el procesamiento de los casos individuales.
