El abogado penalista y ex parlamentario, Rafael Narváez se pronunció hoy sobre la persistente situación de violaciones graves a los Derechos Humanos en Venezuela, incluso después de los eventos del 28 de julio de 2024, y advirtió sobre la futilidad de un posible retiro del Estado de la Corte Penal Internacional (CPI).
Narváez explicó que, contrariamente a lo que el Estado podría pretender, «si un Estado miembro de la Corte Penal Internacional se retira, no se extingue automáticamente una investigación en curso contra ese Estado o sus ciudadanos.» Subrayó que la retirada del Estatuto de Roma no afecta la jurisdicción de la Corte sobre crímenes cometidos antes de la fecha de retiro.
El penalista enfatizó que «El Estado se vuelve a equivocar al intentar borrar lo ocurrido en el 2017 de manos del Plan Zamora», un plan creado por decreto presidencial que, según Narváez, ejecutó con «represión, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas y asesinatos.» Criticó las descalificaciones contra los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI y señaló que el último recurso de apelación del Estado fue infructuoso por estar «impregnado de argumentos falsos e incumplimiento de investigar y procesar a los responsables de estas atrocidades.»
Para finalizar, el ex parlamentario y defensor por los derechos civiles insistió en la imposibilidad de que el Estado eluda su responsabilidad por los «crímenes horrendos cometidos.» A esto, Narváez sumó un «agravante por lo ocurrido después del 28 de julio de 2024 con motivo de las elecciones presidenciales, dejando un saldo de 2.800 detenciones arbitrarias con cárcel sin el debido proceso, torturas y 29 fallecidos.» Recalcó al Estado que «las violaciones graves a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben.»
Las declaraciones de Narváez resuenan en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y la jurisdicción continua de la CPI sobre los crímenes presuntamente cometidos en el país.
