La Asamblea Nacional aprobó el jueves 9 de abril, por mayoría calificada, la designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de la República.
Devoe, quien era el fiscal general provisional, sustituye oficialmente el cargo a Tarek William Saab, quien presentó su renuncia ante el Parlamento el pasado 25 de febrero.
Hasta su designación como fiscal provisional, Devoe era miembro del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instancia creada por Rodríguez a finales de enero para promover un aparente proceso de diálogo en el país. Este organismo también ha estado fuertemente involucrado no solo en las recientes excarcelaciones de presos políticos, sino en la propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento el 19 de febrero.
Trayectoria
Larry Devoe Márquez egresó como abogado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde obtuvo una especialización en criminología y ciencias penales. En 2001, mismo año de su graduación, ingresó a la Defensoría del Pueblo hasta 2005, cuando fue designado jefe de la División de Atención al Ciudadano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
En 2007 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor jurídico de la representación de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con el portal TalCual, Devoe se caracterizó por ocupar cualquier tarea en el que lo requirieran bajo la figura de “agente internacional”. Mantuvo ese rol diplomático incluso después de regresar a la Defensoría en 2010 como director de Servicios Jurídicos.
Con la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, Devoe escaló posiciones, apoyado por el entonces vicepresidente Jorge Arreaza. Fue allí cuando fue nombrado en 2014 secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que se mantiene en la actualidad. Un año antes, el Estado venezolano anunció su salida de la CIDH, medida que en su momento Devoe apoyó.
A partir de allí siguió acumulando cargos como consultor jurídico de la Vicepresidencia de la República en 2015, así como agente internacional ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, donde se formó parte de la delegación venezolana en Suiza para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016. Todo esto sin desprenderse de sus otras responsabilidades en la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Multitasking
Además de su trabajo representando los intereses del gobierno venezolano en Ginebra en materia de derechos humanos, también integró la delegación que asistió ante la Corte Internacional de Justicia por el reclamo territorial con Guyana por el Esequibo. Por orden de Nicolás Maduro, esta delegación se retiró de la misión, dejando vía libre en beneficio de Georgetown para esta disputa.
Igualmente, en octubre de 2023 formó parte de la delegación del gobierno de Maduro en el proceso de negociación con la oposición en la isla de Barbados, que culminó en un acuerdo de garantías políticas para las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, la propia delegación opositora y gobiernos como Estados Unidos luego denunciaron el incumplimiento de este acuerdo tras la inhabilitación política de María Corina Machado y la persecución a colaboradores del comando de campaña opositor.
Luego de las investigaciones que el Ministerio Público realizó en 2023 para revelar la trama de corrupción PDVSA-Cripto en diferentes empresas estatales y organismos del gobierno, Devoe fue designado como miembro de las juntas interventoras de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). De acuerdo con TalCual, para ese momento Devoe ocupaba simultáneamente siete cargos en la administración pública.
En octubre de 2024 el abogado figuró en las listas de aspirantes al cargo de fiscal general evaluados por el Comité de Postulaciones para el Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Parlamento se decantó por ratificar a Tarek William Saab.
Sancionado
A lo largo de carrera, Devoe ha abogado en favor del gobierno venezolano en las múltiples investigaciones por violaciones de derechos humanos que ha acumulado, sobre todo desde el año 2013. Por ejemplo, en 2016 defendió ante la CIDH las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado durante la denominada Operación Liberación del Pueblo (OLP), aunque prometió investigar las denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial cometidos en esas redadas.
Posteriormente, en 2018, nuevamente negó ante la CIDH las denuncias de torturas a los presos políticos, mostrando fotos de los opositores Juan Requesens y Villca Fernández como prueba de que se encuentran bien. “Traemos fotografías relacionadas con la atención en los establecimientos militares, también aplica para centros como el Sebin, donde hay acciones que permiten y respetan los derechos humanos”, dijo.
Ese mismo año, fue el encargado de acompañar a la entonces alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su primera visita a Venezuela. En ese mismo año bloqueó la solicitud de la CIDH para enviar su propio equipo de investigadores al país, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por estas acciones, en 2019 el gobierno de Canadá lo incluyó en una lista de 43 personas vinculadas al gobierno de Maduro que recibieron sanciones por su participación “en actividades que socavan las instituciones democráticas”, así como por “privar a los venezolanos de sus derechos y necesidades más básicas».
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