
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está impulsando planes para revocar la ciudadanía de inmigrantes que han cometido delitos o representan un riesgo para la seguridad nacional, según un reciente memorando que pone de relieve la agenda de inmigración del gobierno de Donald Trump.
Por AP
Los intentos de identificar y perseguir a aquellos sospechosos de haber mentido para obtener su ciudadanía no son nuevos para este gobierno. Pero está generando preocupaciones entre activistas, quienes han acusado al gobierno de intentar usar la ley de inmigración con fines políticos.
El plan está recibiendo un escrutinio creciente después de que un miembro republicano del Congreso sugiriera que Zohran Mamdani, el candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, debería ser objeto de procedimientos de desnaturalización.
Aquí un vistazo al proceso de desnaturalización y lo que significa el memorando del Departamento de Justicia:
Los casos de desnaturalización son raros
El gobierno de Estados Unidos puede revocar la ciudadanía estadounidense a un inmigrante naturalizado si es condenado penalmente por fraude de naturalización o si el gobierno prueba a través de procedimientos civiles que el acusado obtuvo ilegalmente su ciudadanía mediante fraude o tergiversó u ocultó hechos en su solicitud.
Durante años, los esfuerzos de desnaturalización del gobierno se centraron en gran medida en presuntos criminales de guerra que mintieron en su documentación de inmigración, sobre todo exnazis. El Departamento de Justicia presentó poco más de 300 casos en total entre 1990 y 2017.
Una iniciativa que comenzó durante el gobierno de Barack Obama llamada Operación Janus amplió esos esfuerzos al buscar identificar a personas que habían utilizado diferentes identidades para obtener la residencia permanente o la ciudadanía después de que se les emitieran órdenes de deportación previamente.
En 2016, un organismo de control interno informó que 315.000 archivos antiguos de huellas dactilares de inmigrantes que habían sido deportados o tenían condenas penales no se habían subido a una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional que se utiliza para verificar las identidades de los inmigrantes. El mismo informe encontró que se había ordenado la deportación de más de 800 inmigrantes bajo una identidad, pero se naturalizaron estadounidenses bajo otra.
El primer gobierno de Trump hizo de tales investigaciones una prioridad, y creó una sección del Departamento de Justicia centrada en casos de desnaturalización.
Pero incluso entonces, el número de casos de desnaturalización se mantuvo pequeño, ya que el gobierno no tenía los recursos para presentar muchos en medio de una avalancha de impugnaciones legales a las políticas de inmigración que tenía que defender, dijo Matthew Hoppock, un abogado en Kansas que representa a personas en casos de desnaturalización.
Departamento de Justicia dice que dará prioridad a ciertos casos
El plan fue anunciado en un memorando del recientemente confirmado jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, el subsecretario de Justicia Brett Shumate. Shumate dijo que los casos que el departamento priorizará incluyen a personas que “representan un peligro potencial para la seguridad nacional”, personas que cometen delitos violentos, miembros de pandillas y cárteles narcotraficantes, y personas que cometen fraude de Medicaid y de otros tipos.
Los beneficios del proceso de desnaturalización, escribió Shumate, “incluyen la capacidad del gobierno para revocar la ciudadanía de individuos que participaron en la comisión de crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales u otros abusos graves de derechos humanos; remover a criminales naturalizados, miembros de pandillas o, de hecho, cualquier individuo condenado por delitos que representen una amenaza continua para Estados Unidos; y prevenir que terroristas condenados regresen al suelo estadounidense o viajen internacionalmente con un pasaporte estadounidense”.
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