Cuando Donald Trump inició su segunda presidencia, en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, como parte de su agenda antiinmigrante. Esto implicaría que los bebés nacidos en Estados Unidos de padres migrantes no serían considerados estadounidenses, como lo han sido todos los nacidos desde hace más de un siglo. Con esta orden, el presidente puso en riesgo la ciudadanía de alrededor de 1,2 millones de niños y dio pie a una larga batalla legal que llega al Tribunal Supremo este miércoles.
Por El País
A los pocos días de que fue anunciada, el juez federal John Coughenour emitió una orden de restricción temporal que bloqueó la medida de Trump, y posteriormente extendió ese freno para mantener suspendida la orden ejecutiva mientras avanzaba el proceso judicial. En paralelo, otros jueces federales dictaron fallos similares en distintas demandas, reforzando el bloqueo a nivel nacional. La Administración Trump apeló estas decisiones, pero en tribunales superiores ha habido escepticismo sobre la posibilidad de limitar la ciudadanía por orden ejecutiva sin modificar la Constitución, por lo que la disputa se ha centrado en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda y la orden sigue sin poder aplicarse.
Ahora, el caso llega al Tribunal Supremo, que escuchará argumentos orales este miércoles en un litigio clave sobre la legalidad de la orden. Mientras el máximo tribunal del país delibera, la medida permanecerá suspendida, y se espera un fallo definitivo antes de finales de junio. En la antesala de esa audiencia, Trump ha intensificado sus críticas contra los jueces, cuestionando públicamente a la alta corte y anticipando un posible fallo en su contra.
¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento?
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Fue adoptada el 9 de julio de 1868 como parte de las Enmiendas de la Reconstrucción después de la Guerra Civil, y fue concebida como respuesta a los problemas relacionados con los estadounidenses que habían sido esclavizados. En 1898, el Tribunal Supremo confirmó que la ciudadanía por nacimiento se extiende a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
La primera sección de la enmienda afirma que “ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, libertad y propiedad sin debido proceso de la ley”, lo que ha sido la base para algunas de las decisiones más importantes del Supremo, incluyendo Brown contra la Junta de Educación (1954) acerca de la segregación racial, Loving contra Virginia (1967) sobre el matrimonio interracial, Roe contra Wade (1973) sobre el aborto (la cual fue derogada bajo la primera Administración de Trump). En dicha sección también se incluye la Cláusula de Protección Igualitaria, que señala que cada Estado le debe otorgar protección bajo la ley a todas las personas, incluyendo a aquellos que no son ciudadanos, dentro de sus jurisdicciones.
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