El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que tribunales penales del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se negaron a recibir un recurso de habeas corpus para conocer el paradero de la activista Martha Grajales, quien fue detenida el 8 de agosto.
“Se negaron a recibir el recurso. Más de siete horas esperando y los funcionarios nos dijeron que estaban consultando si lo podían recibir”, expresó el abogado de Provea Marino Alvarado, a la agencia de noticias EFE el 10 de agosto.
Un día antes, Alvarado había publicado un video en las redes sociales de la organización no gubernamental (ONG) para informar que acompañó al esposo de Grajales, Antonio González, al Palacio de Justicia en Caracas para ejercer el habeas corpus sin éxito.
“La acción no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal. Las autoridades están en la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva”, señaló Alvarado.
Agregó que el habeas corpus es un recurso judicial para indagar por qué una persona fue detenida, dónde se encuentra y en qué condiciones está.
El abogado indicó que acudirán a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 11 de agosto para tratar de introducir el recurso y así conocer el paradero de Grajales, cuyo sitio de reclusión hasta ahora es desconocido.
“Esta acción está asociada a situaciones de detenciones arbitrarias y desaparición forzada, que es cuando las autoridades no han informado dónde tienen detenida a la persona ni los motivos de la detención”, añadió Alvarado.
Detención de la activista Martha Grijales
Varias ONG, entre ellas Provea, reportaron la detención de Grajales, quien es activista de Surgentes DD HH, luego de participar en una concentración en apoyo a las madres de presos políticos que fueron agredidas el martes 5 de agosto.
De acuerdo con Provea, Grajales fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una alcabala frente al Centro Plaza, en Altamira, a escasos metros del lugar de la concentración. La ONG aseguró que la activista fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas.
Provea explicó que Grajales fue una de las mujeres agredidas en la vigilia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad que esperaban por una audiencia con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para la revisión de los casos de los detenidos en el contexto de protestas poselectorales.
“Junto a otras mujeres intentó denunciar los hechos ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero ambos organismos se negaron a recibirla. Ahora fue detenida de forma arbitraria, tras haber sido víctima y denunciado públicamente las agresiones contra ella y contra las madres de presos políticos”, precisó la ONG.
Detalles del ataque
De acuerdo con los reportes de Provea y otras ONG, los agresores habrían llegado la noche del 5 de agosto en 50 motocicletas, armados y encapuchados.
Otro aspecto grave que denunciaron las organizaciones fue la “ausencia total” de funcionarios policiales o militares que resguardaran la integridad de las manifestantes, situación que fue catalogada como una forma de “revictimización y negligencia” por parte de las autoridades.
Provea también denunció que las mujeres fueron atacadas con objetos contundentes y golpes por sujetos no identificados. Además, las carpas que levantaron las manifestantes frente al ente judicial fueron destrozadas.
El comité está conformado por madres y esposas de presos políticos y se encargan de denunciar las condiciones en las que se encuentran estos en los distintos centros de reclusión del país.
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