La proclamación del gobierno de Estados Unidos suspendió la entrada de venezolanos con visas B-1, B-2, F, M o J emitidas a partir del 9 de junio y cambió drásticamente los planes de muchos. En una conversación con La Patilla, el abogado de inmigración Jesús Reyes, desglosó las implicaciones de esta medida que afecta viajes, estudios y reunificaciones familiares, mientras destacó las escasas exenciones disponibles.
Con más de una década de experiencia representando a la diáspora venezolana en Miami, explicó cómo la nueva política genera ansiedad en una comunidad ya golpeada por la cancelación del TPS de 2023 y el fin del parole humanitario. Con visas en riesgo de revocación en los puertos de entrada y rumores que alimentan la confusión, ¿Qué opciones existen para los afectados? ¿Podrán las revisiones periódicas del decreto ofrecer alivio? Aclara dudas y conoce las rutas legales que aún podrías considerar.
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La diáspora venezolana en EEUU recibió un balde de agua fría con la más reciente medida migratoria por parte de la Administración de Donald Trump. Tras la proclamación, la incertidumbre no disminuye, y aún existen dudas sobre la aplicación del decreto.
El letrado Jesús Reyes explicó que esta decisión “suspende la entrada a EEUU de venezolanos con visas B-1, B-2, F, M o J emitidas desde el 9 de junio de 2025, salvo ciertas excepciones”. El matiz temporal resulta clave: quienes hayan obtenido su visa antes de esa fecha no están automáticamente bloqueados, pero su ingreso tampoco está garantizado.
“Las visas vigentes siguen siendo válidas, pero pueden ser revocadas o denegadas en el puerto de entrada, a discreción de los oficiales”, advirtió Reyes. Esta ambigüedad dejó a muchos viajeros en una especie de limbo ya que podrían llegar a Estados Unidos y ser devueltos sin mayor explicación, debido a que dependen de la evaluación individual de los funcionarios fronterizos.
No obstante, algunas excepciones están previstas en el texto oficial. Según Reyes, estas “aplican a: residentes permanentes, cónyuges/hijos de ciudadanos o residentes, personas con visas de inmigrante ya emitidas, y casos de interés nacional o humanitario”.
El abogado también aclaró qué ocurre con quienes tienen doble nacionalidad. Si un venezolano entra con el pasaporte de un país no restringido y no reside actualmente en Venezuela, “podría ser admitido, pero dependerá de la evaluación del oficial consular o de CBP”.
Sin garantías de ingreso
Y así, las consecuencias van más allá de lo administrativo con efectos que pudieran frustrar planes para los venezolanos que se dirigen a Estados Unidos con un objetivo específico. Reyes aseguró que la medida “aplaza viajes, complica reencuentros familiares y limita el acceso a oportunidades educativas”.
Así mismo, el letrado advirtió que para venezolanos con visas vigentes, la inadmisibilidad o revocación de su permiso podría depender «si hay dudas sobre la intención del viaje o vínculos con Venezuela».
Esto ha causado un revuelo incluso entre los clientes del abogado, quienes admiten vivir con “alta ansiedad, temor, frustración e incertidumbre” por el futuro adverso que se les presenta en tierras norteamericanas.
Reyes también alertó sobre un grupo particularmente vulnerable: los venezolanos que residen actualmente en Estados Unidos sin un estatus migratorio sólido. A raíz de la cancelación del TPS de 2023 y el cierre del proceso de parole humanitario, ahora enfrentan la “posible pérdida de beneficios, vulnerabilidad a detención, y dificultad para ajustar estatus legal”, según detalló.
A esta incertidumbre se suma el ruido provocado por los rumores. El abogado constató una ola de desinformación que complica aún más la situación. “Que todas las visas están canceladas, que ya no se puede pedir asilo, o que con doble nacionalidad no hay problema”, son, según él, los mitos más comunes entre la comunidad venezolana, tanto dentro como fuera del país.
Claves para actuar
Frente a estas restricciones, algunas personas aún podrían solicitar una exención por razones humanitarias o de interés nacional. “A través del consulado o CBP con evidencia sólida; son difíciles de obtener, pero posibles con buen respaldo legal”, aclaró Reyes. Por ello, en estos casos, la asesoría profesional se vuelve fundamental.
Al consultar sobre qué recursos existen para quienes se sienten atrapados por esta nueva normativa, el abogado señaló varias vías posibles de orientación jurídica y acompañamiento en estos procesos complejos. “Abogados de inmigración, organizaciones como CLINIC, AILA, centros legales comunitarios y clínicas universitarias”.
Aunque no se conoce el destino final de esta medida, hay una revisión prevista tras 90 días y luego cada 180 días. En tal sentido, Reyes estimó que la política “podría modificarse si mejoran las condiciones en Venezuela, hay presión política o cambios en la evaluación del Departamento de Seguridad Nacional”.
El abogado también confirmó que existen alternativas para impugnar legalmente estas restricciones en los tribunales y la judicialización del tema ya forma parte de las conversaciones internas de varias organizaciones defensoras de derechos migratorios. “Grupos como ACLU, American Immigration Council y redes de abogados pro bono analizan posibles demandas”, señaló.
Otro punto delicado es la discrecionalidad con la que se aplican estas medidas, pues en palabras de Reyes los oficiales de inmigración pueden negar entrada sin justificación clara, generando incertidumbre legal.
Ante el panorama actual, su mensaje a la comunidad venezolana es objetivo: “Manténganse informados, busquen asesoría legal, y recuerden que aún existen opciones y esperanza para proteger su futuro”.
