En política, no hay nada más peligroso que un archivo guardado. Durante años, Hugo Chávez utilizó como bandera de guerra una advertencia catastrófica: si la oposición llegaba al poder, las misiones sociales serían barridas del mapa, los médicos cubanos expulsados y los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) privatizados para condenar al pueblo al «ostracismo». Pero el destino tiene un sentido del humor bastante negro.
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Hoy, a seis semanas de que las fuerzas estadounidenses sacaran a Nicolás Maduro de Miraflores, no fue la «derecha rancia» ni la «burguesía» la que pasó la podadora por los programas sociales. Fue la propia heredera del poder, Delcy Rodríguez, quien con la firma del decreto 5.248 en la Gaceta Oficial 6.985 del pasado 9 de febrero, ordenó la liquidación de entes emblemáticos como la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra y la Fundación José Félix Ribas.
«Ellos las acabarían en primer lugar (…) privatizarían todos esos centros», decía Chávez en sus alocuciones, señalando a un enemigo externo. Sin embargo, la realidad de 2026 muestra que el desmantelamiento vino desde adentro. Mientras la nueva administración interina se dedica a «limpiar» el presupuesto, liquidando fundaciones que servían más para el proselitismo que para la asistencia, la profecía de Chávez se cumple, pero con los actores cambiados.
Lo que Chávez llamó «arremeter contra la Cuba solidaria» terminó siendo un proceso de reorganización administrativa donde incluso la Misión Nueva Frontera de Paz fue sacada de la calidez del Despacho de la Presidencia para ser enviada a los pasillos de la Cancillería. Al final del día, las misiones que supuestamente eran «intocables» resultaron ser piezas de ajedrez descartables en la nueva estructura de poder que intenta sobrevivir sin el apellido Maduro en el cuadro.
En Miraflores ya no quedan ni las fotos ni las misiones de Nicolás. La «revolución» terminó por liquidar un legado de corrupción, tratando de pasar página y que la gente olvide sus desmanes.
