En la primera semana de julio, el asambleísta Santiago Díaz Asque, miembro de Revolución Ciudadana, propuso reformar el artículo 175 del código penal. Su objetivo: permitir relaciones sexuales consensuadas a partir de los 14 años. La iniciativa, presentada como una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional, tuvo el respaldo de diez legisladores de su bancada. Días después, Díaz fue denunciado por la presunta violación de una niña de 12 años, hija de una militante de su partido. El legislador se declaró inocente, y desde entonces, su paradero es desconocido.
Por Carolina Mella | EL PAÍS
La coincidencia entre la propuesta legislativa y la acusación penal encendió las alarmas en el escenario político ecuatoriano.
La denuncia contra Díaz llegó a los medios el 8 de julio, aunque internamente en el partido algunos ya conocían lo que había ocurrido. Revolución Ciudadana publicó el 8 de julio un comunicado anunciando la expulsión del legislador ante la sospecha de lo que consideró “uno de los crímenes más despreciables que se pueden cometer”. Pero de ahí en más, no hubo ruedas de prensa ni entrevistas de sus dirigentes. Nadie salió a explicar por qué se permitió que un legislador con esa denuncia en puertas presentara una reforma tan sensible.
Incluso Rafael Correa, su máximo líder, habitual usuario de la red X, guardó silencio. Optó por postear sobre otros abusos, cometidos por adversarios políticos, y no sobre este, que alcanza a una persona que ocupó varios cargos cuando él era presidente.
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