El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmó un decreto en el que “denuncia en todo su contenido” el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, un instrumento que regulaba el procedimiento para la obtención de visas y residencias de venezolanos en el país andino.
Esta decisión se da luego de que en agosto la Asamblea Nacional ecuatoriana, de mayoría oficialista, votó a favor de terminar con el Estatuto Migratorio, firmado hace 15 años.
La medida fue aprobada con 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Por su parte, la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), se abstuvo.
El debate para terminar con el Estatuto Migratorio
El excanciller ecuatoriano en el gobierno de Correa, Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, sostuvo durante el debate que la RC no consideraba que el fin del acuerdo sea lo mejor.
A su juicio, lo ideal era que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. “No nos oponemos, pero votaremos en abstención”, dijo el político.
El 11 de marzo, el propio presidente Noboa solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según se sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban “suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria”.
Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Desde el pasado 1° de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a aquellos nacionales de unos 40 países, entre ellos Venezuela.
La implementación de la medida “busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, apuntó a finales de agosto la Cancillería al anotar que el gobierno de Ecuador reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente.
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