La aerolínea española de capital venezolano Plus Ultra usó parte del rescate del Estado para blanquear fondos de una «organización criminal» vinculada a Venezuela, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Por Esteban Urreiztieta, Carlos Segovia y Ángela Martialay | EL MUNDO
La Policía Nacional española registró ayer Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, en el marco de esta investigación por blanqueo de capitales que ha sido declarada secreta. Las pesquisas rastrean, entre otras cuestiones, según ha podido saber EL MUNDO, los préstamos solicitados por la compañía a sociedades off shore radicadas en Suiza y Reino Unido dirigidas por una «organización criminal», según la Fiscalía, y que fueron devueltos con fondos del rescate otorgado por el Gobierno español, que ascendió a 53 millones de euros. Se trata de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como cabecera de la banda criminal.
El 28 de octubre de 2020 Plus Ultra suscribió un primer préstamo por importe de 500.000 dólares con Wailea Invest, entidad domiciliada en Reino Unido. El 20 de noviembre del mismo año firmó otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Y el 29 de enero de 2021 rubricó un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
La versión defendida por el presidente de Plus Ultra es que era una etapa de pandemia en la que necesitaba liquidez y el rescate estatal aún no había llegado. En Plus Ultra señalan que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que gestionó el rescate, no impidió después que se usara el dinero público para amortizar esos préstamos, conseguidos a elevado interés. Sin embargo, Anticorrupción sostiene que esa devolución era, en realidad, un blanqueo. Un portavoz oficial de la Sepi declinó comentar a este diario si autorizó efectivamente el uso del dinero para esa devolución, porque «la normativa establece confidencialidad sobre la información relativa a las ayudas».
En el entramado societario que otorgó los préstamos se investiga, además, si hay dinero ilícito por parte de cargos públicos de Venezuela, la venta de oro por importe de 30 millones a una sociedad de Emiratos Árabes o transferencias a una cuenta en Panamá por parte de individuos con antecedentes policiales.
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