Dayana Santana recuerda la mañana del 27 de junio de 2017 como cualquier otra. Junto a su esposo, José Alejandro Díaz Pimentel, exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), posteriormente asesinado en la llamada “Operación Gedeón” o “Masacre del Junquito”, llevó a sus hijos al colegio antes de dirigirse a su jornada laboral en su vehículo.
Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, con el paso de las horas, la rutina cambió. Lo que comenzó como un día cotidiano terminó por convertirse en un punto de inflexión que, semanas después, la llevaría a ser detenida y recluida como presa política en los calabozos de El Helicoide.
Durante la tarde de ese 27 de junio, Pimentel apareció en un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), piloteado por el ex inspector jefe Óscar Pérez, sosteniendo una bandera en la que se leía: “Artículo 350, Libertad”. Ambos formaban parte de una coalición autodenominada “Equilibrio Nacional”, en la que participaron civiles, militares y funcionarios policiales, según reportes en prensa.
“Yo estaba trabajando y me llegó un mensaje de él donde se despidió de mí y me dice que llegó el momento, que iban a hacer lo que venían planificando. Me dijo que me quería mucho, que me hiciera cargo de su mamá, de los niños de él con su expareja (quien había fallecido) y que había dinero en la cuenta para que llevara a (nuestro hijo) al parque que le gustaba en La Trinidad. Fue un mensaje normal, emotivo y me dijo que pronto iba a tener contacto con él”, contó Santana en una entrevista exclusiva para El Diario.
Santana recuerda que se enteró de todo lo ocurrido a través de las redes sociales, luego de que Díaz Pimentel y Pérez aparecieran sobrevolando Caracas y atacaran con granadas fragmentarias las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior y Justicia.
“Alejandro me había comentado que estaba realizando algo, pero nunca me dio mayores detalles. Cuando ellos aterrizaron el helicóptero, una persona me contactó y me dijo que necesitaba entregarme mi vehículo. Después fue que comencé a ver las redes sociales”, enfatizó.
Santana recordó que su pareja también la contactó al poco tiempo de que aterrizaron el helicóptero y son esas llamadas que recibió desde el teléfono de su hija, quien tenía 17 años de edad en ese momento, que la llevaron a ser detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por su supuesta relación con Óscar Pérez, pues inicialmente, según reveló Santana, los efectivos desconocían que Díaz Pimentel era partícipe de los hechos en Caracas.
“Nadie sabía que quien llevaba la pancarta era mi esposo. Yo recibí llamadas de Alejandro al teléfono de mi hija, (pero), ellos (el Sebin) no me involucraban directamente con Alejandro. Simplemente les dije que yo recibía llamadas de mi esposo y ya. Me mostraron foto y lo reconocí, pero no admití en ningún momento que era él”, relató.
Torturas frente a su hija para que confesara
Santana fue detenida el 13 de julio de 2017 en su lugar de trabajo, donde fungía como funcionaria pública del Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren), ubicado en La Castellana. Primero fue llevada hasta la sede del Sebin en Santa Mónica, donde fue interrogada por las llamadas de su pareja y luego las autoridades la trasladaron a la sede del mismo cuerpo policial en Plaza Venezuela, donde fue “sometida a intensos interrogatorios, ofensa y torturas psicológicas”, según su denuncia.
“Fui sometida a la prueba de polígrafo y no conforme con ello, me obligaron a contactar a mi hija, que para ese momento era menor de edad. Custodiada por funcionarios, fuimos a la residencia de mis padres a buscarla. Ella fue interrogada sin mi presencia ni la de un abogado, también tuvo que presenciar cómo me encapuchaban, me esposaban y me ofendían, alegando que teníamos información sobre Óscar Pérez”, reveló Santana.
La mujer también contó que las autoridades torturaron físicamente a otro detenido por el mismo casa en frente de ella. Luego de eso, fue llevada hasta El Helicoide, donde permaneció recluida en una celda de mujeres por alrededor de siete meses.
“Pasado ese fin de semana (pocos días de su detención), fui llevada junto con la otra persona a los tribunales militares, dondese nos imputaron cargos militares de rebelión a título de encubridor y ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada. Después de ese día, nuestras audiencias eran diferidas y solo éramos llamados para seguir rindiendo declaraciones, mientras mis padres y demás familiares eran sometidos a interrogatorios tanto por el CICPC como el Sebin”, recordó Santana, entre lágrimas.
Operación Génesis y una nueva represión
El 18 de diciembre de 2017, el grupo Equilibrio realizó la denominada Operación Génesis que incluyó la toma del comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicada en Laguneta de la Montaña, en el estado Miranda. En este episodio, los sublevados al gobierno de Nicolás Maduro, sustrajeron armamento de la base militar, un evento que generó una nueva acción de los funcionarios del Sebin en contra de la familia de Santana.
“Allí comenzó nuevamente la represión hacia mi familia. Allanaron otra vez mi apartamento, lo destrozaron, robaron pertenencias y buscaban a mi hija. En ese momento (del allanamiento) mis padres y mis hijos me estaban visitando en el Sebin. Al apartamento fueron mi hermana y mi cuñado para intentar ordenar el desastre que dejaron los cuerpos policiales, pero alguien informó a la policía de que allá habían familiares y regresaron y preguntaron por el paradero de mi hija”, contó.
Santana informó que en ese episodio, su hermana y cuñado fueron secuestrados por las autoridades y estuvieron una semana desaparecidos, tiempo en el que fueron torturados, según denunció.
“Ya no solo era yo quien estaba recluida en El Helicoide, ahora mi hermana también estaba desaparecida. Mis padres la buscaron por varios cuerpo policiales sin obtener ninguna respuesta, aumentaba la desesperación y el miedo en mi familia. También temíamos por la seguridad de mi hija que tuvimos que enviar fuera de Caracas junto con mi hijo y la hija menor de mi hermano (…) entonces ocurrió lo inesperado: el 15 de enero, el grupo fue localizado y masacrado frente a todo el pueblo venezolano”, expresó la mujer.
El asesinato de los siete miembros del grupo Equilibrio -en el que además estaba Lisbeth Andreína Ramírez, quien, según informes, no formaba parte activa del grupo sublevado, sino que era pareja de uno los integrantes- ocurrió en el kilómetro 16 de El Junquito. El grupo estaba refugiado en un tipo “chalet” en la montaña que fue atacado con armamento pesado como lanzagranadas antitanque (RPG), francotirador y ametralladores. Hecho que, además, quedó grabado en videos y difundido por redes sociales.
Ese día, Óscar Pérez hizo un en vivo a través de sus redes sociales, en el que aseguró que se habían rendido, pero que las autoridades seguían disparando. En el material se podían escuchar los disparos y se veía a Pérez herido.
“Me enteré de la situación en la celda mediante una rueda de prensa. En ese momento solo grité ‘no’. Un grito que salió de mis entrañas, era la única forma que tenía (para expresarme)”, recordó la esposa de Díaz Pimentel, aún entre lágrimas.
La mujer le dio la noticia a su hijo de que su padre había muerto durante una visita que su familia le hizo en la cárcel en su día de cumpleaños: el 17 de enero de 2018, dos días después de la Operación Gedeón.
“No tenía contacto con mi familia ni con mis hijos. Solo el 17 de enero recibí la visita de mis padres y mis dos hijos. Fueron a visitarme con un pastel de cumpleaños, ese día cumplía 37 años, y ese fue el día cuando tuve que darle la noticia a mi hijo de que su padre había muerto”, relató.
Díaz Pimentel fue sepultado en el Cementerio del Este, en Caracas, el 20 de enero de 2018. Ese mismo día, al lado de su tumba, también fue sepultado otro miembro del equipo: Abraham Agostini Agostini. Este sepelio fue considerado “arbitrario” por los familiares de las víctimas, dirigentes de la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que, de acuerdo con las denuncias, las autoridades no permitieron que sus parientes estuvieran presentes en el entierro.
“Mi madre y mis hijos se acercaron al Cementerio del Este, donde arbitrariamente fue sepultado Alejandro. Ahí estaban su madre y sus dos hijos mayores. Ninguno pudo despedirse, cuando llegaron ya había sido sepultado”, relató.
Excarcelación y una lucha por las 7 víctimas
Santana fue trasladada nuevamente a los tribunales, junto a Douglas Pimentel, tío de Alejandro, el 9 de febrero de 2019. Ambos fueron imputados por el delito de ultraje al centinela y fueron excarcelados bajo presentación semanalmente ante tribunales, durante un año.
“Mi vida cambió completamente, perdí a mi esposo, además, tuve que enfrentar la prisión. Pasar de ser esposa a convertirme en una presa política fue una experiencia dura, por eso hoy siento la responsabilidad de hablar, recordar y defender la memoria de quienes ya no pueden hacerlo (…) para nosotros como familia es muy importante recordar que fueron siete las personas que murieron ese día. Cada uno tenía una historia, una familia y seres queridos que siguen esperando justicia”, expresó.
Agregó que su deseo es que “el país no olvide” que cuando se hable de El Junquito, “se recuerde que allí murieron siete venezolanos, siete hijos, hermanos, esposos, amigos”.
A su juicio, lo ocurrido con el grupo Equilibrio debe servir para ayudar a “construir un país” donde, consideró, que la vida y justicia “sean siempre respetadas”.
“Un país que recuerda, también es un país que se prepara para no repetir su historia y yo estoy preparada para ayudar a reconstruir para no repetir su historia. Estoy preparada para ayudar a reconstruir mi Venezuela”, destacó.
Santana relató que salió de prisión sin contar con un trabajo y sin dinero tuvo que reconstruir su hogar que había sido destruido. Comenzó un emprendimiento de jabón artesanal con su hermana para ayudarse económicamente y después de un año, tras culminar su proceso penal (en 2019), Dayana salió del país rumbo a Alemania, donde ya se encontraba su hija esperándola desde hacía un año.
Actualmente, ella sigue viviendo en Alemania tras solicitar asilo político, junto a sus hijos, entre ellos el hijo menor de Díaz Pimentel. Mientras tanto, y después de ocho años de la Masacre de El Junquito, Dayana sigue luchando por justicia en el caso de su pareja y por las torturas psicológicas y persecución que sufrió tanto ella, como sus familiares y demás allegados, tras el alza del grupo Equilibrio.
La entrada “Perdí a mi esposo y tuve que enfrentar la prisión”: la historia de Dayana Santana, pareja de una de las víctimas de la Masacre de El Junquito se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
