El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este miércoles un plan estatal de lucha contra la corrupción elaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluirá una agencia de integridad pública independiente.
Sánchez lo anunció en una comparecencia en el Congreso de Diputados para hablar de un caso de presunta corrupción de antiguos altos cargos de su partido que supuestamente cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Ese plan de varias medidas se ha preparado durante el último mes y el objetivo es situar a España a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, según dijo.
La agencia es una propuesta planteada por el movimiento izquierdista Sumar, que forma con los socialistas el gobierno de coalición español y ha sido muy crítico con la actitud de Sánchez y el Partido Socialista respecto a esa presunta corrupción.
El plan está dividido en cinco ejes para fortalecer los controles de prevención y persecución de la corrupción, introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público de modo que permita automatizar, optimizar y detectar «patrones anómalos o indicios de fraude».
Además, se establecerán controles patrimoniales aleatorios para altos cargos. También se obligará a los partidos y las fundaciones con financiación pública superior a los 50.000 euros a realizar auditorías externas independientes, profundizando «en la transparencia de las donaciones también de financiación privada» y reduciendo el umbral de la obligatoriedad de publicación de donaciones a 2.500 euros.
El segundo eje de medidas está centrado en proteger a los denunciantes de casos de corrupción, y se exigirá a las empresas disponer de canales internos para darles cauce.
En el tercer eje hay tres medidas destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción. Para ello se proponen secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados.
El cuarto se centra en la recuperación de los bienes adquiridos mediante la corrupción, «porque evidentemente no basta con prevenir, con castigar esa corrupción» según Sánchez, sino que «también hay que reparar el daño causado» y devolver a lo público «lo que es de todos».
Con ese objetivo, el Gobierno aumentará los medios y la plantilla de la oficina de recuperación y gestión de activos y optimizará la coordinación con juzgados, fiscalías y la Fiscalía Europea.
El último es «el más complejo», reconoció Sánchez, y tratará de generar «una verdadera cultura de integridad» que impregne las administraciones públicas, «que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado, a las empresas» con estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción o campañas de concienciación ciudadana. EFE
