El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fijó una postura crítica tras la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional chavista.
Por: lapatilla.com
La ONG alerta que, bajo sus términos actuales, la normativa corre el riesgo de dejar fuera a numerosos presos políticos y no reparar el daño causado por años de persecución.
Para el OVP, la legitimidad de una amnistía no reside solo en su existencia legal, sino en su construcción. Citando a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la organización subrayó que cualquier proceso de este tipo debe ser: Transparente e inclusivo. Alineado con estándares internacionales de DDHH y basado en consultas públicas amplias, con participación segura de las víctimas.
«La liberación de personas detenidas por motivos políticos es una obligación inmediata del Estado y no debe supeditarse a procesos legislativos prolongados», recordó el OVP, especialmente ante el cuadro de muertes bajo custodia y fallas graves en el debido proceso.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por el OVP es la exclusión de delitos que han sido instrumentalizados por el sistema judicial venezolano para perseguir disidentes. Según la ONG, el proyecto actual podría ignorar a quienes enfrentan cargos de: Corrupción y delitos contra el patrimonio público. Asociación para delinquir y figuras conexas utilizadas para «armar expedientes sin sustento».
El Observatorio denuncia que muchas de estas imputaciones se basan en confesiones obtenidas bajo presión o pruebas fabricadas. Al catalogarlos como delitos comunes y no políticos, estas víctimas quedarían excluidas del beneficio de la amnistía, perpetuando la injusticia.
El comunicado del OVP es tajante: «una amnistía que normaliza las libertades condicionadas y no garantiza la revisión de juicios amañados, vacía de contenido cualquier discurso de reconciliación».
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Para la ONG, la verdadera restitución de derechos pasa por reconocer la sistematicidad de los abusos y garantizar que nadie quede atrás por tecnicismos legales diseñados para la exclusión.
