Durante una protesta reciente por la liberación de presos políticos, Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó sobre el grave deterioro de las garantías civiles y políticas en Venezuela.
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A través de declaraciones ofrecidas al medio Doble Vía, Murillo denunció un patrón sostenido de represión que, a su juicio, amenaza seriamente la libertad de expresión, reunión y asociación en el país.
“Hay un ataque sistemático, progresivo, contra todas las personas críticas, o aparentemente críticas, contra la narrativa oficial”, sostuvo Murillo, quien además subrayó que el país vive un “momento de elevado riesgo para el ejercicio de los derechos a la asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica”.
Video: X/Doble Vía
A juicio del defensor de derechos humanos, estas libertades son esenciales para el funcionamiento de una democracia: “Cuando uno habla de los derechos civiles y políticos, son las libertades fundamentales. Es la libertad de una sociedad que pueda disentir, una sociedad que pueda discutir, es la defensa de la pluralidad”.
Murillo calificó como preocupante la actual ola represiva, especialmente por su impacto en el tejido social y democrático. “Esta detención, esta oleada represiva de los últimos días, es un ataque a la pluralidad, es un ataque al debate”, aseguró. Para él, esta situación desvía la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país: “El país necesita respuestas urgentes a lo graves problemas que le afronta, como la economía, como el empleo, como las pensiones que, como le dicen los jubilados, son pensiones de hambre”.
Además, cuestionó la legalidad y transparencia de los recientes procedimientos judiciales. “Se está dedicando tiempo en perseguir a personas que, lo repito, hay muy rigurosas razones para nosotros decir, bueno, ¿se está haciendo una investigación realmente digna del Estado de Derecho?”, planteó.
Murillo también hizo un llamado a no normalizar las condiciones de detención que se han vuelto frecuentes en Venezuela. “No podemos normalizar el aislamiento y la incomunicación que se ha vuelto ya un hecho en Venezuela cuando una persona es detenida. Cuando una persona es detenida tiene que permitirse la comunicación con su familia”, enfatizó.
En ese sentido, reiteró que la responsabilidad recae en el Ministerio Público: “La acción penal en este país recae en el Ministerio Público. Y yo creo que el Ministerio Público, la Fiscalía de la República, tiene que garantizar los derechos de las personas que han sido ilegítimamente privadas de libertad”.
