El nuevo reglamento español de extranjería traerá algunos avances en los derechos de los migrantes, pero también otras novedades que, según temen entidades sociales, dejará a miles de solicitantes de asilo sin papeles, la documentación para residir y trabajar legalmente.
Entrará en vigor el 20 de mayo, y establece que el tiempo que un extranjero que ha esperado en España a que su solicitud de asilo sea resuelta -y trabajando regularmente- no computará para después pedir un permiso de residencia por arraigo si su petición es denegada finalmente.
Esto significa que, a partir de ahora, tendrá que pensárselo bien a la hora de solicitar asilo en España, porque, en el caso de que no se le conceda -la respuesta puede tardar años- caerá en la irregularidad y deberá permanecer así al menos dos años hasta conseguir las documentación.
Esto ha generado un gran rechazo de entidades sociales. El cambio puede afectar a las más de 240.000 personas que actualmente esperan respuesta a la petición de asilo, y las organizaciones no gubernamentales (ONG) temen que genere una gran bolsa de irregularidad de extranjeros que ya estaban trabajando e integrados en España.
Siete organizaciones han recurrido esta parte de la norma en el Tribunal Supremo: la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado, y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incorporó al reglamento una vía transitoria: durante un año, los solicitantes con el asilo denegado antes de que la norma entre en vigor pueden optar al arraigo tras haber estado en situación irregular seis meses, en lugar de los dos años que se exigen al grueso de migrantes.
Según dijeron a EFE varias entidades que asesoran jurídicamente a solicitantes de asilo, esto ha provocado que muchos peticionarios que trabajaban en España hayan desistido, cayendo en la irregularidad -y, en muchos casos, perdiendo su empleo- y diciendo adiós a la posibilidad de ser reconocidos como refugiados.
Migrantes en España en situación irregular después de tres años trabajando
Uno de ellos es Santiago (nombre ficticio), que llegó a España en 2022 tras huir de Colombia, donde nació, porque fue amenazado de muerte por la banda criminal El Mesa, la misma que había acabado con su padre cuando él tenía 10 años de edad.
Pidió protección internacional en un aeropuerto español, y se la denegaron. Pero unas horas antes de tomar el vuelo que lo devolvería a su país, lo dejaron entrar en España por una medida cautelarísima de la Audiencia Nacional, gracias a un recurso con el apoyo de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado).
Desde entonces, ha trabajado en España esperando que su solicitud se resolviera, pero ahora, con la entrada en vigor del nuevo reglamento, ha renunciado por el temor de que sea finalmente rechazada, y dado que ya cumple con el tiempo exigido para solicitar un permiso de residencia por arraigo.
Un “retroceso” de derechos para los solicitantes de asilo
La abogada Patricia Fernández, de Coordinadora de Barrios, niega que exista un uso fraudulento o abusivo del derecho de asilo en España, cuando el país reconoce alguna figura de protección a más del 53 % de las personas que lo piden.
En su opinión, esta medida va a generar “una bolsa de personas en la irregularidad que no tiene ni pies ni cabeza”, además de discriminar a los solicitantes de asilo.
Según Diana Castillo, responsable jurídica de Red Acoge, esta medida busca un “efecto disuasorio” para quienes piden protección en España.
Fuentes del Ministerio de Migraciones informaron a EFE que el gobierno “está estudiando vías, dotadas de seguridad jurídica” para dar respuesta a personas que están en España y cuya solicitud de protección ha sido denegada.
Sobre el nuevo reglamento de la ley de extranjería
El nuevo reglamento de la ley de extranjería, que entrará en vigor este mes de mayo, eliminará trabas para que los extranjeros puedan estudiar y trabajar a la vez en España, destacó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La ministra, que intervino en el foro Next Education, defendió, como recoge el reglamento, que la autorización por estudios se extienda durante todo el tiempo que dura la formación, porque “es inconcebible que se pueda caer en una irregularidad sobrevenida”.
Ademas, se hará compatible estudiar y trabajar hasta 30 horas semanales, también en sectores no relacionados con los estudios, y habrá una vía rápida “para que una vez que se concluyan los estudios, no haya que volver al país de origen” para después volver a trabajar a España.
“El proceso migratorio no tiene que estar en encorsetado, uno puede venir a formarse en una materia, pero luego encontrar un trabajo en otra para que esté perfectamente también capacitado”, explicó Saiz.
En España hay tres millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, ocupan uno de cada cuatro empleos. Medio millón son autónomos y crece su presencia en sectores de alto valor añadido.
El modelo español es, según la ministra de Inclusión, un “faro que da luz” en un contexto de avance de “olas reaccionarias que denostan la migración”. Además, frente a los bulos, señaló la necesidad de talento y destacó el impacto que la emigración tiene sobre la economía.
También respondió a las críticas de ONG sobre que el reglamento de extranjería no favorece a quienes solicitan asilo y defendió que lo que hace es dejar esa vía despejada para quienes tienen su vida en peligro y necesitan protección internacional.
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