El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, afirmó el 31 de marzo que las autoridades venezolanas deben garantizar que el proceso de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumpla con “estándares mínimos de transparencia, mérito y participación”.
El funcionario sostuvo en su cuenta de X que el nombramiento de autoridades “con garantías creíbles de independencia” puede convertirse en un paso clave para la reconciliación nacional y una eventual transición democrática en Venezuela.
Las autoridades venezolanas deben garantizar que los procesos de designación del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana.
La designación de autoridades que ofrezcan garantías… pic.twitter.com/1H7fYpVi7x
— Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) March 31, 2026
Ramdin también reiteró la disposición de la OEA para brindar apoyo ante los “desafíos institucionales” del país.
Su pronunciamiento se produce mientras la Asamblea Nacional avanza en el proceso de selección de los nuevos titulares de ambas instituciones, luego de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz presentaran su renuncia ante esta institución, lo que abrió una nueva etapa de reorganización dentro del Poder Ciudadano.
El señalamiento de la OEA se suma a los cuestionamientos formulados en las últimas semanas por organizaciones no gubernamentales (ONG) y sectores políticos, que han advertido sobre la falta de transparencia y de participación ciudadana en estas designaciones.
El comité parlamentario encargado de la designación informó que recibió 134 postulaciones para ambos cargos.
Los cuestionamientos sobre la actuación de oficinas administrativas y judiciales en Venezuela
Joel García, abogado constitucionalista, expresó para El Diario que, en la actualidad, la Defensoría del Pueblo perdió su autonomía e independencia frente al poder político.
Según el especialista, la institución ha pasado de ser un contrapeso al Poder Público a funcionar, en la práctica, como una oficina administrativa al servicio de los intereses del Ejecutivo, lo que ha generado una percepción de pérdida de confianza ciudadana en su rol como garante y mediador.
Por su parte, ONG como Provea y Acceso a la Justicia han publicado informes en los que advierten sobre la falta de independencia, la escasa transparencia y la limitada capacidad de respuesta de la institución frente a violaciones de DD HH. En varios de estos análisis se señala que ni la Defensoría ni el Ministerio Público han ejercido plenamente su rol de frente al Estado.
En ese contexto, especialistas y organizaciones sostienen que, más allá de las atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley, uno de los principales debates en torno a las instituciones el Poder Ciudadano en Venezuela gira en torno a qué tanto ha podido —o querido— ejercer realmente esas funciones frente a las denuncias ciudadanas y los abusos de poder.
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