Diversos gremios de los sectores educación, salud, justicia y entes municipales se congregaron este jueves en una protesta pacífica para exigir al régimen chavista un ajuste salarial inmediato y el cese de la «bonificación» del sueldo, una política que ha pulverizado las prestaciones sociales y los derechos contractuales de miles de trabajadores venezolanos.
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Darío Lima, coordinador del Comando Intersindical, fue enfático al señalar que el sector atraviesa una crisis sin precedentes tras cuatro años sin un salario mínimo real.
«Estamos reclamando que la ciudadana presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dé un salario que oscile entre los 500 y 600 dólares como base», afirmó Lima.
Denunció que el ingreso actual ni siquiera alcanza el 0.5% del costo de la canasta básica y exigió la eliminación del instructivo Onapre, al que calificó como el verdugo de las convenciones colectivas.
El drama humano se hizo presente en los testimonios de quienes dedicaron su vida al servicio público. Erika Chaparro Vegas, representante de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial en Monagas, describió la asfixiante realidad de percibir apenas entre 1.000 y 1.200 bolívares quincenales.
«Eso no alcanza ni para un cartón de huevos. Nos sentimos emocionalmente afectados. Hay mucha injusticia donde se supone que se imparte justicia», sentenció Chaparro, haciendo un llamado a las autoridades a «ponerse la mano en el corazón».
Por su parte, Merli Cabrera, jubilada con 25 años de servicio administrativo en la Universidad de Oriente (UDO), resumió el sentimiento de miles de adultos mayores en una sola palabra: estafa.
«Me siento estafada porque pensé que en mis años dorados tendría seguridad, algo que yo misma pagué al Seguro Social. Hoy no tenemos servicios médicos ni seguridad de ningún tipo. Ya no sé lo que es llenar un carrito de supermercado. Voy con una calculadora y una hojita anotando hasta donde me llega la plata», relató Cabrera con impotencia.
La dirigencia sindical rechazó la propuesta de sectores que sugieren un aumento a 200 dólares, asegurando que, según cifras de organismos como el Cendas, la canasta alimentaria supera los 700 dólares. La consigna fue clara: no aceptarán más limosnas mientras sus años de esfuerzo se diluyen en una economía dolarizada que los dejó en el olvido.
