Margarita Aguirre pensó que tendría una vida de adulta mayor de ensueño hace 16 años, cuando le concedieron la jubilación después de 58 años de trabajo cotizado en el Seguro Social.
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En su tiempo de servicio laboral pasó por varias instituciones, incluyendo la Universidad de Carabobo (UC), y tuvo la oportunidad de adquirir su vivienda y hasta de cambiar de carro con regularidad.
Ahora, con una pensión de 0,35 centavos de dólar, se encuentra a la merced de la solidaridad ajena. “No me alcanza ni siquiera para comprarme un pan. Muchas veces tengo que pedirle a mis vecinos colaboración para algo de comida”, comentó durante su participación en una marcha regional de trabajadores en Valencia.
Aunque Margarita vive con su hija y su nieto adolescente, el dinero sigue sin estirarse: con un sueldo mínimo de 130 bolívares cada uno, no llegan a devengar entre los tres ni un dólar a tasa del Banco Central de Venezuela, que este 12 de marzo cotizó en 440,96 bolívares. “Tuve que vender mi carro para comprar la papa”, agregó con voz quejumbrosa.
La concentración inició a las 9:00 de la mañana en el Rectorado de la UC y reunió sindicatos de varios gremios como educación, construcción, salud e industrias. Además, participaron dirigentes políticos, activistas por los DDHH y asociaciones de jubilados y pensionados.
Hasta la Defensoría del Pueblo
Con pancartas, pitos y sombrillas, los manifestantes marcharon por la Av. Bolívar, subieron a la Av. Andrés Eloy Blanco y se detuvieron en la Defensoría del Pueblo de Valencia. Allí una comisión consignó un pliegue de 17 peticiones ante el delegado regional de la institución, Moisés Rodríguez.
El mismo documento fue entregado a finales de marzo en la Inspectoría del Trabajo Pipo Arteaga.
“No es a través de bombardeos y presiones internacionales que los funcionarios públicos deben cumplir con sus obligaciones. Tampoco es posible que hoy, Día de la Bandera, se hayan cumplido cuatro años del secuestro silente del salario”, dijo Rubén Dario Pérez, asesor jurídico de la Federación Venezolana de Maestros.
Por su parte, José Rivero, coordinador del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados de Carabobo, elevó el llamado a quienes ostentan el poder en el país a retribuir a los trabajadores jubilados y pensionados lo que se merecen.
“Estamos pasando miseria. No hay medicinas ni transporte para nosotros. Vemos que ya se están vendiendo miles de barriles de petróleo, pero no sabemos a dónde va ese dinero”, inquirió.
Pagos en divisas
“No quiero show ni comiquita, yo lo quiero es que me paguen en divisas”, fue una de las consignas que sonó fuerte durante el recorrido que estuvo vigilado por funcionarios de la Policía Estadal y uniformados de la Policía Nacional Bolivariana.
La demanda general: un aumento salarial que les permita adquirir la canasta alimentaria familiar que en enero de este año tuvo un costo de 677 dólares.
Además, que se indexe a las prestaciones sociales y que paren las bonificaciones por el Sistema Patria.
“No tenemos vacaciones, ni aguinaldos, ni seguridad social, pero seguimos en pie de lucha exigiendo también el cese de la persecución a los sindicalistas”, agregó Angélica Flores, secretaria de Trabajo y Reclamo del Sindicato Unitario del Magisterio Carabobeño (SUMA).
Libertad para Omar Escalante
Durante la actividad, decenas de protestantes alzaron afiches con la foto del preso político Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo, quien se encuentra recluido en el Destacamento 411 de la Guardia Nacional Bolivariana, en el sector Mañongo del municipio Naguanagua.
“Omar tiene 74 años, es insulino dependiente, sufre de hipertensión, de artrosis, y se encuentra en un muy mal estado de salud. Por eso exigimos de inmediato su libertad. No vamos a dejar las calles hasta que lo suelten”, advirtió Jhonny Magdaleno, secretario general de Fetracarabobo.
