Rory Branker, editor de La Patilla y reconocido preso político, vive otro capítulo de irregularidades judiciales en su contra. Su solicitud de amnistía, presentada el pasado 25 de febrero, fue rechazada por el Juzgado Especial Primero de Juicio de Caracas, pero no le avisaron hasta el día de hoy, casi un mes después de que la decisión había sido tomada, justo cuando iba a presentar su reporte periódico.
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El juez encargado dejó claro que no hay amnistía para los delitos que le imputan a Rory: terrorismo, asociación, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria. Según el artículo 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, estos casos quedan fuera.
Desde que lo soltaron el 4 de febrero, Rory ha ido al tribunal casi todas las semanas. Semana tras semana estaba allí preguntando por su caso, pero nadie le decía nada concreto. «Me decían que volviera después y hace 2 semanas me dijeron que viniera después de Semana Santa», cuenta.
“Esto es una burla total. Me liberan para pedir un perdón que ellos nunca iban a dar. Es de las peores humillaciones que le pueden hacer a alguien», señala.
«Esto es revictimización»
Para Rory, esta demora es solo la última gota de un proceso arbitrario desde el día uno. «No hay voluntad de paz. Si no nos tienen en la cárcel, nos amarran con estas presentaciones. Es revictimización pura», dice con frustración.
«El Estado no hace esfuerzos para liberarnos; si no estamos tras las rejas, nos pone grilletes con medidas cautelares. No hay voluntad de paz ni convivencia», afirma. Insiste en que todo el proceso, desde su detención el 20 de febrero de 2025 en Caracas hasta hoy, ha sido irregular, incluyendo 206 días de desaparición forzada entre marzo y septiembre de 2025, traslados a al menos dos centros de detención (Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta Zona 7 y El Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) sin acceso a familia o defensa.
A otros presos políticos y periodistas les manda un mensaje claro: «Quieren que nos callemos del miedo, pero hay que hacer lo opuesto. A mí esto me da más coraje para pelear y denunciar. Tenemos que unirnos como gremio y alzar la voz».
Su caso, denunciado por ONU, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y CIDH, evidencia fallas graves en la Ley de Amnistía y amedrentamiento sistemático contra periodistas críticos en Venezuela.
