La justicia de Estados Unidos dejó claro a Nicolás Maduro y a Cilia Flores que sacarán el dinero de sus propios bolsillos si quieren costear a sus abogados privados en Nueva York.
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Tras la captura de la pareja el pasado mes de enero, un memorando de la fiscalía reveló que las sanciones contra el régimen permanecen intactas, por lo que el Estado venezolano continúa como una entidad bloqueada y sin acceso para financiar los gastos legales de la cúpula.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) cometió un insólito desliz al autorizar inicialmente el pago de los honorarios con dinero público de la nación. Sin embargo, el Departamento del Tesoro revocó la licencia horas después, como evidenció el documento judicial al señalar que esto ocurrió «debido a un error administrativo, la autorización extraordinaria, para que un gobierno sancionado pague los costos de su defensa legal». El texto oficial le recordó además a la defensa que «cada licencia establecía que podía ser revocada o modificada en cualquier momento».
Ante el intento de los abogados de tumbar el caso por esta restricción financiera, la fiscalía neoyorquina respondió de manera contundente y se apegó a la normativa vigente. El memorando detalló que «como se describió anteriormente, el Gobierno de Venezuela ha estado bloqueado desde 2019 en virtud de la Orden Ejecutiva 13884. Como tal, era inconsistente con la práctica de concesión de licencias de la OFAC (…) e inconsistente con los objetivos de política exterior de EEUU, autorizar el pago del Gobierno de Venezuela por servicios legales prestados a Maduro o Flores».
La Fiscalía reiteró que el exmandatario poseía dinero en paraísos fiscales o con testaferros para pagar con sus propios fondos, y le sugirió la opción de conformarse con un abogado de oficio si no quería tocar sus arcas personales.
Quedó claro que los recientes movimientos petroleros y el trato diplomático con Delcy Rodríguez no levantaron el muro financiero que pesa sobre la administración chavista.
Maduro y Flores aguardan en su centro de reclusión en Nueva York por la continuación de su proceso penal por narcotráfico bajo las nuevas directrices económicas. La próxima comparecencia de los acusados ante el juez federal quedó fijada para este martes, cita donde deberán definir cómo costearán a su equipo de defensa tras este revés judicial.
