Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.
Nicaragua es, junto a Venezuela, uno de los países considerados «sin libertad de expresión», según el informe, que lo ubica en el lugar 22 de 23 países evaluados en América y el Caribe.
El país centroamericano alcanzó solo 18,22 puntos de un total de 100 posibles, ocupando el vigésimo segundo lugar del Índice, «ubicándolo en la franja Sin Libertad de Expresión».
Nicaragua subió 11,71 puntos y se mantuvo igual en el puesto 22 en relación al 2024, es decir que se mantiene un entorno del Estado con más influencia en situaciones desfavorables a la libertad de expresión y de prensa, principalmente por parte del Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El reporte señala que en la dimensión ciudadanía informada y libre de expresarse obtuvo 2,33 / 30, siendo esa la dimensión con menor puntaje. En actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios, alcanzó 9,22 / 40; y en la dimensión control de medios y periodismo tuvo 6,67 / 30.
«Estas dos últimas dimensiones ubicadas en la franja de Alta Restricción», indica el informe.
Con relación al impacto de los entornos sobre las situaciones desfavorables a la libertad de expresión, la mayor influencia es ejercida por el Ejecutivo, seguido del Judicial (influencia muy fuerte en ambos casos).
El informe alerta que entre 2024 y 2025, Nicaragua ha transitado hacia un «modelo totalitario bajo el régimen de Ortega y Murillo, que ha eliminado sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas».
«A través de una reforma constitucional radical, se ha institucionalizado la censura y se ha intensificado la persecución de críticos, incluyendo la privación de nacionalidad», advierte la SIP.
Esas enmiendas constitucionales, en vigor desde febrero de 2025, «marcó el fin de la era republicana, consolidando un poder absoluto con facultades ilimitadas sobre la vida de los nicaragüenses», agrega.
Además, según el informe, el entorno digital ha sido objeto de severas restricciones y bloqueos, mientras que la violencia contra periodistas ha evolucionado hacia una «represión psicológica».
«Muchos comunicadores viven bajo vigilancia extrema, y aquellos que aún operan en el país lo hacen desde la clandestinidad, utilizando herramientas digitales para mantenerse a flote», afirma la SIP.
En resumen, según el informe, «la libertad de expresión en Nicaragua ha alcanzado su nivel más crítico desde 1979», cuando fue derrocada la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, «resultado de una combinación de terrorismo de Estado y un marco legal opresor». EFE
