La oposición de Trump ante el cambio climático, afecta el entorno federal. Sin embargo, los estados continuarán desarrollando sus proyectos de energías renovables en función del mercado demandante
El federalismo estadounidense define cómo se organiza el poder legislativo y ejecutivo entre dos niveles de gobierno: el federal y los estatales. Esta estructura está consagrada en la Constitución y modela todo el entramado jurídico del país, desde la promulgación de leyes hasta su interpretación en tribunales.
De acuerdo a la Constitución, esta división de poderes establece:
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El gobierno federal solo ejerce las facultades expresamente otorgadas por la Constitución (por ejemplo, comercio interestatal, defensa nacional y política exterior).
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El artículo I, sección 8 detalla las “facultades enumeradas” del Congreso, limitando su campo de acción a esos ámbitos específicos.
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La Décima Enmienda establece que el resto de las competencias “queda reservado a los Estados o al pueblo”.
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La Cláusula de Supremacía (artículo VI) sitúa la Constitución, las leyes federales y los tratados por encima de cualquier norma estatal en caso de conflicto.
La preempción puede ser:
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Expresa, cuando una ley federal declara explícitamente que anula las estatales.
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Implícita, cuando la regulación federal es tan exhaustiva que deja sin espacio la acción estatal.
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Hay áreas donde ambos niveles pueden legislar, como recaudación de impuestos, ambiente y sanidad pública.
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Ante choques legislativos, los tribunales federales deciden si la norma estatal viola la supremacía o si convive sin contradecir la federal.
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Las consecuencias prácticas de la división de poderes se resume en:
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Cada estado desarrolla su propio cuerpo normativo (constitución, códigos civiles y penales, reglamentos), generando diversidad de soluciones a problemas locales.
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El gobierno federal utiliza subvenciones y condicionantes (“mandatos”) para alinear políticas estatales con objetivos nacionales, por ejemplo, en transporte o salud pública.
Impacto en la regulación energética
En el sector petrolero y eléctrico, el federalismo produce un mosaico regulatorio:
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El gobierno federal regula el comercio interestatal de energía, la seguridad de oleoductos y normas ambientales de emisión.
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Los estados fijan tarifas de servicios públicos, licencias de exploración y estándares de refinación internos.
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Surgen alianzas público-privadas y programas de incentivos estatales que complementan o retan las políticas federales.
Ordenes firmadas por Trump2
El Presidente Trump, al inicio de su 2do mandato, firmo un conjunto de ordenes: Ambiente, Cambio Climático y Transición Energética.
Aspectos ambientales
Trump declaró una “emergencia energética nacional” y firmó órdenes que debilitan la revisión ambiental mediante la Ley de Política Nacional del Medio Ambiente (NEPA) y relajan las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Esto facilita la concesión de permisos para oleoductos y para la perforación en zonas protegidas de Alaska, incrementando el riesgo de derrames, fragmentación de hábitats y contaminación de suelos y acuíferos en estados productores como Alaska, Texas y Dakota del Norte.
Cambio climático
La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París (COP21) elimina el marco federal para la reducción obligatoria de emisiones de gases de efecto invernadero, retrasando la implementación de estrategias nacionales de mitigación y adaptación. Al ausentarse del liderazgo climático global, Estados Unidos minó su credibilidad y redujo los flujos de financiamiento climático, complicando que estados como California o Nueva York alcancen sus propios objetivos de neutralidad de carbono y poniendo en riesgo el límite de 1.5 °C de calentamiento global.
Transición energética
Con la suspensión de incentivos a vehículos eléctricos, la paralización temporal de proyectos eólicos federales y la reversión de fondos destinados a energías limpias bajo la Ley de Reducción de la Inflación, el ritmo de despliegue de renovables se redujo significativamente. En respuesta, estados con metas ambiciosas (California, Nueva York) han reforzado sus portafolios renovables y ofrecidos incentivos estatales, mientras que grandes productores de hidrocarburos (Texas, Pensilvania) aprovechan la agilización de permisos para expandir infraestructura de petróleo y gas, prolongando la dependencia de combustibles fósiles en el mix energético nacional.
Impacto de la postura anti-renovables de Trump
Ámbito federal: La posición de la Casa Blanca de Trump se traduce en una serie de acciones concretas que ralentizan o encarecen los proyectos de energía solar y eólica a nivel federal:
– Orden ejecutiva para que el Departamento del Tesoro endurezca los requisitos de acceso a créditos fiscales para renovables.
– Recuperación de 7 G$ en subvenciones del programa Solar For All por parte de la EPA.
– Proyectos solares y eólicos en tierras federales sujetos a “revisión final” por el Departamento del Interior.
– Eliminación de todo trato preferencial hacia renovables en agencias como Interior y Agricultura (USDA deja de financiar proyectos REAP).
– Aranceles a paneles solares, acero y aluminio, encareciendo materiales clave para instalaciones fotovoltaicas y eólicas.
Estas medidas reducen el flujo de incentivos federales, aumentan la incertidumbre regulatoria y elevan los costes de construcción, paralizando o retrasando nuevas plantas sobre todo en terrenos bajo jurisdicción federal.
Ámbito estatal: Los gobiernos estatales, en cambio, conservan plena autoridad para:
– Mantener o elevar sus propios estándares de cartera renovable (RPS/Renovables Portfolio Estándares).
– Ofrecer créditos fiscales y subvenciones locales a proyectos renovables.
– Firmar acuerdos de compra de energía (PPAs) con generadores verdes.
– Impulsar normativa de “net metering” y programas de energía distribuida.
Aunque los aranceles y la falta de apoyo federal encarecen el equipamiento, muchos estados (California, Nueva York, Texas) disponen de mercados robustos y objetivos climáticos que compensan parcialmente la retirada de incentivos federales. La redistribución de inversiones hacia estados pro-renovables mitigará el impacto centralizado.
Medidas y declaraciones contra las energías renovables
– Recortes presupuestarios masivos: Su propuesta para 2026 contempla eliminar más de 15 G$ destinados a programas de energías limpias, investigación, subsidios e incentivos fiscales.
– Cancelación de apoyos rurales: Se planea reducir más de 4.5 G$ en programas de electrificación rural y energías limpias para comunidades agrícolas.
– Restricciones fiscales: Ha ordenado al Departamento del Tesoro aplicar requisitos más estrictos para que los proyectos solares y eólicos accedan a créditos fiscales.
– Críticas públicas: En redes sociales, Trump ha calificado la energía solar y eólica como “la estafa del siglo” y ha culpado a estas tecnologías del aumento en los precios de la electricidad.
– Bloqueo de proyectos en tierras federales: Los proyectos solares y eólicos enfrentan ahora una “revisión final” por parte del Departamento del Interior, con una política explícita de eliminar cualquier trato preferencial hacia estas fuentes.
Impacto de la postura de Trump en proyectos estatales de renovables
Aunque las medidas de la Administración Trump se aplican a nivel federal, su efecto salpica a proyectos dentro de cada estado. A continuación se detallan qué aspectos estatales se ven afectados y cuáles permanecen bajo control regional.
Proyectos estatales afectados
– Proyectos en tierras federales: Los parques solares y eólicos que se desarrollan en terrenos del “Bureau of Land Management” o del Departamento of Interior enfrentan “revisión final” y eliminación de trato preferencial, lo que retrasa permisos y eleva costos de aprobación.
– Créditos fiscales federales (ITC y PTC): Una orden ejecutiva impuso requisitos más estrictos para que proyectos estatales accedan a incentivos fiscales federales, encareciendo la viabilidad financiera de muchas plantas solares y eólicas locales.
– Programas rurales del USDA (REAP): El recorte de más de 4.5 G$ en subvenciones para energías limpias en zonas agrícolas bloquea gran parte de los proyectos solares y de biogás comunitario en áreas rurales de varios estados.
– Fondos de la EPA y el DOE: La Agencia de Protección Ambiental recupera cerca de 7G$ destinados a Solar For All, reduciendo el flujo de recursos para instalaciones solares comunitarias gestionadas por estados y municipios.
– Infraestructura de carga de vehículos eléctricos: La propuesta de recorte de 6 G$ en infraestructura EV frena programas estatales de implantación de electrolineras rápidas y estaciones públicas de carga cofinanciadas con fondos federales.
Proyectos estatales no afectados
– Estándares estatales de energía limpia (RPS/CES): Objetivos como el 60 % de renovables en 2030 de California o las metas de Nueva York y Massachusetts permanecen inalterados al ser leyes estatales.
– Incentivos y bonos verdes locales: Créditos fiscales propios, “net metering”, bonos municipales y fondos de inversión estatales siguen vigentes con recursos exclusivos de cada región.
– Contratos de compra de energía (PPAs) estatales: Utilidades reguladas por comisiones estatales (p. ej., NV Energy en Nevada, APS en Arizona) pueden seguir adjudicando PPAs a renovables sin depender de créditos federales.
– Dinámica de mercado regional: En 2024, Texas sumó 8.9 GW de nueva capacidad solar, Florida 3 GW y California 2.5 GW, demostrando que la expansión liderada por inversores estatales y privados mantiene su curso pese a las restricciones federales.
– Programas estatales de almacenamiento y resiliencia: Iniciativas como el Self-Generation Incentive Program (SGIP) de California o planes de almacenamiento de Nueva York (NY-Sun) funcionan con presupuestos estatales y no sufren recortes federales.
¿Qué es la preempción?
La preempción es el principio legal por el cual una ley federal invalida o desplaza una norma estatal cuando ambas regulan el mismo asunto y entran en conflicto. Este mecanismo asegura la coherencia del orden jurídico en un sistema federal, otorgando prioridad a las políticas nacionales sobre las estatales en determinadas materias.
Tipos de preempción
Expresa: Ocurre cuando el Congreso incluye en la ley federal una cláusula que declara de manera explícita que la norma anula o sustituye cualquier regulación estatal en el mismo ámbito.
Implícita: Se da cuando, aunque la ley federal no señale expresamente la anulación, el alcance y la intención del legislador demuestran que se pretendía regular en exclusiva esa materia, dejando sin espacio la acción estatal.
Alcance y efectos
La preempción puede manifestarse de tres formas:
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Preempción total: el nivel federal ejerce un control completo y deja fuera cualquier intervención estatal.
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Preempción parcial: el gobierno federal regula algunos aspectos dejando otros abiertos a la regulación local.
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Preempción de conflicto: se anula la norma estatal solo en la medida en que contradiga la ley federal; el resto de la regulación local permanece vigente.
Cuando una norma estatal entra en conflicto, los tribunales federales determinan si:
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Existe contradicción directa en el texto o en los fines de ambas normas.
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La regulación federal es tan exhaustiva que priva a los estados de autoridad material para legislar.
Ejemplos en el sector energético
– Regulación de emisiones: Si la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emite estándares nacionales de calidad del aire, un estado no puede imponer límites más laxos, aunque sí podría establecer requisitos más estrictos si la ley federal lo permite.
– Permisos de oleoductos interestatales: La normativa federal sobre seguridad y trazabilidad de los ductos suele desplazar las ordenanzas estatales para garantizar un único criterio en toda la red nacional.
– Tarifas de transmisión: El órgano federal (FERC) fija reglas para el comercio de electricidad a nivel interestatal, dejando a los estados la fijación de tarifas dentro de su jurisdicción, siempre que no interfieran con las reglas de mercado federal.
Conclusión
La oposición de Trump sobre todo afecta el entorno federal: subvenciones, créditos, permisos en tierras públicas y costo de materiales. No obstante, no paraliza el desarrollo de renovables en territorios gestionados a nivel estatal o municipal. Los estados con marcos de políticas y metas claras continuarán ampliando su capacidad verde, aunque afrontarán mayores costos de capital y un ciclo de planificación más incierto.
A pesar de estas medidas, en contraste con la realidad del mercado, las energías renovables siguen liderando la nueva capacidad instalada en Estados Unidos. En 2025, se espera que continúen siendo la principal fuente de generación eléctrica nueva, lo que muestra una desconexión entre la política federal y las tendencias del mercado.
Nelson Hernández es ingeniero energistta @XXIenergía y académico de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela
