La Administración Trump ha lanzado una iniciativa para recolectar más de 6.000 millones de dólares en multas de inmigrantes que se han quedado en el país a pesar de recibir órdenes de deportación. Estas multas, emitidas en el marco de la nueva política migratoria del presidente, representan una expansión financiera del control de inmigración más allá de las deportaciones.
Por El País
En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han escalado sus esfuerzos para convertir el rechazo a la deportación en un problema financiero. Han enviado notificaciones a inmigrantes en las que amenazan con demandas judiciales, cobradores de deudas e incluso implicaciones fiscales si las multas no se pagan.
Por otra parte, las agencias recuerdan que si las personas se “autodeportan”, el saldo será eliminado y se otorgará una “bonificación de salida” de 1.000 dólares. También advierten que quienes se queden en el país se arriesgan a sanciones cada vez mayores. Algunas de ellas ascienden a los 1.000 dólares al día.
Esto afecta a los inmigrantes que ya viven al día. Las multas retroactivas pueden incluso superar el millón de dólares si las personas llevan mucho tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, abogados de inmigración han dicho que estas cifras no están pensadas para su reembolso, sino que se usan para infundir miedo.
Deudas impagables
La práctica de las multas para inmigrantes se basa en una disposición poco utilizada de una ley de inmigración de 1996, que ha sido revivida por la administración Trump para reforzar la promesa de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Como resultado, ahora no se depende solo de los centros de detención, los vuelos de deportación y la aplicación física de la ley, sino que ahora también se recurre a la coacción financiera.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó su compromiso para recuperar estas sumas “en nombre de los contribuyentes estadounidenses” y anunció que el Servicio de Cobro de Deudas del Tesoro colaborará directamente con ICE para embargar las devoluciones de impuestos, restringir los pagos federales y contratar a cobradores privados.
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