
Fue una declaración sorprendente de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en un momento en que el gobierno de Trump promete publicar más archivos de su investigación sobre tráfico sexual de Jeffrey Epstein: el FBI, dijo ella, revisa “decenas de miles de videos” del acaudalado financiero “con niños o de pornografía infantil”.
Por AP
El comentario, expresado a periodistas en la Casa Blanca, días después de una observación similar hecha a una desconocida con una cámara oculta, incrementó la presión para que el gobierno del presidente Donald Trump demuestre que tiene en su poder pruebas contundentes nunca vistas. Esta tarea es aún más urgente después de que una filtración previa de documentos, publicitada por Bondi, enfureció a algunos miembros de la base de Trump al no mostrar nuevas y sorprendentes revelaciones, a la vez que los funcionarios que habían prometido desvelar supuestos secretos del llamado “Estado profundo” del gobierno tienen dificultades para cumplir esa promesa.
No obstante, semanas después de las declaraciones de Bondi, aún no es claro a qué se refería la funcionaria.
The Associated Press habló con abogados y agentes del orden en los casos penales de Epstein y su exnovia, la socialité Ghislaine Maxwell, quienes informaron que ellos no habían visto ni conocían la existencia de un conjunto de grabaciones como las descritas por Bondi. Las acusaciones y los memorandos de detención no hacen referencia a la existencia de vídeos de Epstein con niños, y ninguno de los dos fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, aunque ese delito habría sido mucho más fácil de probar que los cargos de tráfico sexual que enfrentaron.
Una posible pista podría estar en un expediente judicial de 2023 poco conocido y que forma parte de los cientos de documentos revisados por la AP, en el que se reveló que los herederos de Epstein habían encontrado un número indeterminado de videos y fotografías que, según decía, podrían contener material de abuso sexual infantil. Pero incluso eso permanece envuelto en secreto, ya que los abogados involucrados en ese caso civil alegan que una orden de protección les impide hablar de ello.
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