Al menos 11 de los 17 militares ecuatorianos procesados por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después, buscan salir de la cárcel por medio de un habeas corpus, al invocar una reciente ley promulgada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
En su petición, los abogados de los once soldados, que permanecen en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, piden que se reconozca que la detención de sus defendidos es «ilegal y arbitraria», a tenor de la reciente vigencia de la Ley de Solidaridad, por lo que piden su «inmediata libertad».
Esta normativa, enviada a la Asamblea Nacional (Parlamento) por Noboa, aprobada por el pleno el 7 de junio y que entró en vigencia el pasado martes, detalla que a los policías y militares procesados por investigaciones que tengan relación con hechos suscitados «en el cumplimiento de su deber, en el marco del conflicto armado interno,» no se les aplicará la prisión preventiva «en ningún caso», sino que se defenderán en libertad.
«Por lo tanto, por aplicación del principio de favorabilidad por causa sobreviniente suscitada a raíz de la promulgación de la Ley de Solidaridad Nacional, la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente se ejecuta en contra de los señores miembros de las Fuerzas Armadas raya en ilegal y arbitraria», señalan los letrados en el recurso de habeas corpus.
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Los defensores han adjuntado como prueba el decreto ejecutivo en el que el presidente declara el «conflicto armado interno» contra las bandas del crimen organizado en enero de 2024 y otros en los que se declara estado de excepción y se reconoce la persistencia del conflicto.
Está previsto que esta petición se resuelva este martes, en una audiencia ante la Corte Provincial de Cotopaxi a la que están citados el juez Dennis Ugalde, quien les impuso la medida de prisión preventiva a los militares, y el fiscal de la causa de desaparición forzada, Christian Fárez.
El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, de Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los militares aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.
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Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Los diecisiete procesados están a la espera de la realización de la audiencia preparatoria de juicio, que está previsto que se instale el próximo 10 de julio.
Fernando Bastias, abogado de las familias de los menores, catalogó la solicitud de habeas corpus como un acto de «impunidad» y señaló que la detención de los menores «no cumple con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y por el derecho internacional humanitario» sobre el ‘conflicto armado interno’, sino que «fue en el marco de una operación ordinaria».
«Si el juez decide considerar que, por el solo hecho de que hay un decreto ejecutivo que habla de la persistencia del ‘conflicto’, todas las operaciones de los militares son en ese marco, nosotros solicitaremos una consulta de norma ante la Corte Constitucional sobre ese decreto ejecutivo y también sobre el artículo de la Ley de Solidaridad en relación a la prisión preventiva», señaló Bastias.
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«Más allá de que sea improcedente el habeas corpus, también estamos frente a un tema de fondo y es que los militares no pueden usar la ley para imponer impunidad en los casos de graves violaciones de derechos humanos», concluyó.
EFE
