El periodista chavista Ernesto Emilio Villegas Poljak, quien actualmente ocupa un cargo en el gabinete de Delcy Rodríguez, se postuló recientemente como candidato a la Defensoría del Pueblo, un puesto que quedó vacante tras la renuncia de Alfredo Ruiz y que fue tomado provisionalmente por Tarek William Saab.
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La mayor mancha reputacional en el currículo de Villegas se produjo cuando emitió declaraciones falsas sobre el caso de Juan Pablo Pernalete Llovera, joven estudiante de la Universidad Metropolitana asesinado en las calles de Altamira, estado Miranda, por funcionarios del Estado venezolano durante las protestas contra Nicolás Maduro el 26 de abril de 2017.
Según el informe de autopsia, que registró diversos cambios por errores procedimentales, Pernalete murió por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax.
Un mes después, Villegas, investido entonces como ministro de Comunicación e Información, le mintió al país cuando sugirió que Pernalete había muerto por el impacto de una pistola de perno cautiva accionada por otro manifestante opositor con el objetivo de posteriormente inculpar al chavismo.
«Hay la probabilidad de que esta arma de perno, pistola de perno cautivo, haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado venía caminando por sus pies, se escucha una voz preguntand0 ‘¿le dieron?’ y hay otra voz que dice ‘no’. Pero, en ese preciso instante, el joven se desvanece en medio de una maniobra de los dos personajes que le abordan para supuestamente auxiliarlo. A partir de su desvanecimiento, el joven es cargado en peso por individuo de franela anaranjada y con guantes, que lo lleva en peso unos metros más adelante», comentó Villegas ante las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En aquella infame declaración, curiosamente Rodríguez acompañaba a Villegas.
Tan solo un día después, el Ministerio Público (MP), encabezado entonces por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, publicó material gráfico que desmentía sus palabras y detallaba una investigación que para ese momento ya incluía el análisis de mil horas de video de más de 20 cámaras diferentes, cinco testigos presenciales y uno referencial, autopsia, tres inspecciones técnicas en el sitio del suceso, seis levantamientos planimétricos, dos análisis químicos, 38 reconocimientos técnicos sobre evidencias físicas, dos análisis toxicológicos, dos hematológicos, uno de ADN, uno histológico, así como un estudio radiológico, otro antropométrico, un acoplamiento físico de dimensiones de cartucho y huella en ropa y en lesión física, y 79 actos de investigación.
La respuesta de las altas esferas del chavismo fue desmentir a Ortega Díaz, obligarla arbitrariamente a abandonar su cargo y huir al exilio, mientras la versión de Villegas prevaleció durante años como la oficialmente respaldada por el Palacio de Miraflores.
Tras las presiones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya había iniciado las investigaciones por el Caso Venezuela I, Saab, sucesor de Ortega Díaz, se vio obligado a admitir la verdad en mayo de 2021.
«Recordemos que este joven falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de Homicidio Preterintencional en grado de complicidad correspectiva», anunció Saab, quien también reconoció ese día otros hechos atroces, como fueron los asesinatos bajo custodia del Estado venezolano del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Al momento de la publicación de esta nota, todavía no se conoce el nombre del funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que disparó el arma contra el pecho del inocente estudiante.
Villegas fue nombrado como coordinador del «Programa Nacional para la Convivencia y La Paz» a finales de enero, después de la Operación Resolución Absoluta que derivó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, el funcionario chavista ha intentado erigirse como una figura supuestamente reconocida por su defensa a los derechos humanos y su voluntad de diálogo.
El pasado fin de semana, incluso sostuvo una reunión con colegas del gremio comunicacional que plantearon «la urgencia de recuperar garantías mínimas para el ejercicio libre, plural y seguro del periodismo, especialmente frente al contexto de persecución, hostigamiento, judicialización de periodistas, cierre de fuentes de información y bloqueos contra medios en el entorno digital. Así lo comunicó el Sindicato para Trabajadores de la Prensa (Sntp) en redes sociales.
Al respecto, el politólogo Nicmer Evans recomendó a Villegas que «podría empezar su ejercicio de paz y como Defensor desbloqueando a Punto de Corte de su cuenta en X. También me tiene bloqueado, por cierto».
El artículo 280 de la Constitución venezolana establece que el postulante a Defensor del Pueblo debe contar «con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley».
Por si fuera poco, el Código de Ética del Periodismo Venezolano establece en su artículo 4 que «el periodista tiene la verdad como norma irrenunciable, y como profesional está obligado a actuar de manera que este principio sea compartido y aceptado por todos. Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial deberá ser deliberadamente omitido».
Entre tanta cháchara, quizás Villegas deba considerar pedir disculpas públicas.
También podría pedir una nueva revisión a los casos de sus colegas Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, cuyas solicitudes de amnistía fueron rechazadas por el Tribunal N° 22 en Función de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
