
El asesinato de 13 trabajadores de seguridad pone de manifiesto cómo las bandas mineras en Perú se han convertido en verdaderos gigantes criminales.
Por Insight Crime
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo 4 de mayo en una mina ubicada en Pataz, en el departamento de La Libertad, al noroeste del país. Ocho días antes, una banda armada había atacado el sitio, operado por un minero artesanal contratado por la empresa peruana Poderosa, según un comunicado de la compañía.
Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al aumento de la violencia vinculada a la minería ilegal y a delitos asociados como la trata de personas. Los asesinatos ocurrieron a pesar de la presencia militar en la zona.
La presidenta Dina Boluarte señaló como principal sospechoso del ataque a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto cabecilla de una banda minera local conocida como la Gran Alianza 2 o la Nueva Alianza. Cuchillo salió de Lima rumbo a Colombia la mañana del 5 de mayo, según la autoridad migratoria colombiana. Cuchillo negó su participación en el ataque, y hasta el momento no existe orden de captura en su contra.
Un día antes del hallazgo de los cuerpos, la policía rescató a 50 mineros que habían sido secuestrados tras un ataque a otra mina en Pataz.
“Son formas de mostrar su poder y decir ‘aquí mando yo. Aquí ni el Estado ingresa’”, dijo a InSight Crime César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales.
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