Durante los años 2023 y 2024, Venezuela experimentó un repunte sostenido en su producción petrolera, impulsado por una amplia flexibilización de las sanciones estadounidenses. Las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a compañías como Chevron, Maurel & Prom, Eni, Repsol y a prestadoras de servicios clave como Baker Hughes y Schlumberger, reactivaron una porción significativa de la infraestructura energética nacional. Sin embargo, ese ingreso adicional no se tradujo en mejoras para la población. Por el contrario: el régimen de Nicolás Maduro mantuvo congelado el salario mínimo durante más de dos años, profundizando la brecha entre los recursos que ingresan al Estado y la pobreza estructural de la mayoría de los venezolanos.
Chevron y compañía: más crudo al mercado
A partir del segundo semestre de 2022, EE. UU. inició un giro táctico en su política hacia Venezuela, emitiendo licencias específicas que permitieron la reanudación limitada de operaciones de empresas occidentales en el sector energético. La más emblemática fue la Licencia General 41 a Chevron (en noviembre 2022), que reactivó operaciones en cuatro empresas mixtas (Petroboscán, PetroPiar, PetroIndependencia y Petroindependiente).
A esta se sumaron Maurel & Prom, con su participación mayoritaria en Petroregional del Lago en el Zulia; Eni y Repsol, con actividad tanto en campos petroleros como en el proyecto de gas costa afuera Cardón IV; y las grandes proveedoras de servicios Baker Hughes y Schlumberger (SLB), que retornaron parcialmente al país para prestar servicios técnicos, mantenimiento de pozos y suministro de equipos críticos.
Producción al alza, ingresos en expansión
Este conjunto de licencias y actividades provocó una sostenida recuperación de la producción. Según fuentes secundarias reportadas por la OPEP y estimaciones independientes de empresas del sector, Venezuela pasó de producir unos 691.000 barriles diarios (bpd) en enero de 2023 a 782.000 en diciembre de 2024 a un promedio de 912.000 bpd en el primer trimestre de 2025.
El cálculo indica un incremento neto de 221.000 bpd entre la producción de enero 2023 y abril de 2021, un 32% de aumento respecto a enero 2023
De esa producción, se exportaron entre enero 2023 y abril 2025 (28 meses) un total de 468 millones de barriles, que representan unos ingresos brutos de 29.718 millones de dólares, que arroja un promedio mensual de 1.061 millones de dólares.
Esa enorme cantidad de dinero en divisas es captada directamente por el Estado venezolano, sea a través de PDVSA, regalías, impuestos o dividendos de las empresas mixtas.
Mientras tanto, el salario mínimo sigue en USD 1,26 mensuales
En contraste con esta mejora fiscal, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, lo que equivale actualmente a 1,26 dólares mensuales a tasa de cambio paralela. Ni siquiera con la inflación interna acumulada, ni con el incremento del ingreso petrolero, el gobierno ha considerado un ajuste.
Esos 130 bolívares que en enero 2023 equivalían a 5,64 dólares mensuales, este 1 de mayo de 2025, día del trabajador quedó en el equivalente e 1,26 dólares. Una cantidad miserable, le peor del mundo entero. En chavismo, el salario mínimo se paga en «hielos», se derriten inexorablemente.
El régimen ha optado por distribuir bonos del sistema Patria, sin incidencia sobre prestaciones sociales, sin seguridad jurídica, y manejados de forma clientelar. Este sistema paralelo erosiona la función del salario como elemento central de justicia social y destruye la noción de trabajo digno.
Más ingreso no es más bienestar: la desigualdad chavista
El modelo económico chavista no ha cambiado: captura de renta, exclusión del ciudadano común y control político sobre la pobreza. En lugar de utilizar el notable repunte petrolero para recomponer el salario de maestros, enfermeros, obreros o pensionados, el régimen ha priorizado el gasto en propaganda, eventos políticos, y obras de bajo impacto económico pero alto rendimiento mediático.
Los trabajadores públicos continúan dependiendo de ingresos simbólicos o “bonificados”, mientras las élites cercanas al poder usufructúan negocios energéticos con socios extranjeros, amparados en la Ley Antibloqueo y en esquemas opacos de reparto.
No es falta de recursos, es una decisión política deliberada
La evidencia es clara: el chavismo sí tuvo más recursos en 2023 y 2024, pero no los utilizó para aliviar el colapso social. El salario mínimo venezolano —el más bajo de América Latina— no responde a una restricción fiscal insalvable, sino a una decisión política deliberada.
Hasta que el ingreso petrolero no se traduzca en derechos sociales, salarios justos y transparencia institucional, la renta seguirá siendo un instrumento de dominación, no de desarrollo. Venezuela necesita una nueva relación entre el ingreso nacional y el ciudadano. Una relación que valore el trabajo, restituya la función del Estado como garante del bien común y cierre la brecha entre los barriles que se exportan y las vidas que se hunden.
