El M/G retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Luis Alfredo Motta Domínguez, ha sido formalmente reincorporado a la esfera del chavismo tras su designación como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno. Este nombramiento, que lo vincula directamente al Ministerio del Despacho de la Presidencia, ocurre en un momento de reestructuración estratégica del régimen tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, su retorno a la gestión pública destaca principalmente por el complejo historial de acusaciones y medidas judiciales que el gobierno de Estados Unidos mantiene vigentes.
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El perfil internacional de Motta Domínguez está marcado por su inclusión, en junio de 2019, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esta sanción se fundamentó en su presunta participación en actos de corrupción significativa, específicamente vinculados al manejo de los recursos destinados al sistema eléctrico nacional.
Según las investigaciones estadounidenses, el funcionario habría facilitado esquemas de sobornos y adjudicaciones irregulares de contratos por montos que superan los 60 millones de dólares a empresas radicadas en territorio norteamericano, lo que derivó en una prohibición inmediata de transacciones con cualquier entidad bajo jurisdicción de los Estados Unidos.
Más allá de las restricciones financieras, el nuevo viceministro enfrenta un proceso judicial activo en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le imputan cargos de conspiración y lavado de dinero. El nivel de las acusaciones es tal que el Departamento de Estado mantiene a Motta Domínguez como un objetivo prioritario dentro de sus programas de justicia internacional, ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que facilite su captura.
Con esta designación, el régimen ratifica su respaldo a una figura que ha sido pieza clave del mando militar, a pesar de que su nombre figura en los carteles de búsqueda de la justicia estadounidense.
