A cualquier seguidor atento de la realidad venezolana, tal vez lo primero que le venga a la mente cuando se hable de un cambio político en nuestro país sea, ¿sobre cuál legitimidad se puede montar cualquier nuevo gobierno que venga en Venezuela? Porque si a ver vamos, si mañana se derrumba por cualquier motivo el régimen ilegítimo que actualmente gobierna en Venezuela, lo primero que debe aparecer, por algún lado, es la base legítima sobre la cual fundamentar cualquier próximo gobierno.
Y cualquiera de ustedes me dirá, bueno, las elecciones del 28 de julio de 2024 le dieron a Edmundo González Urrutia (EGU) la victoria, con actas en mano, con lo cual él podría entonces venir a Venezuela y sin problemas juramentarse para ejercer su gobierno, con base a los votos expresados ese día, y cuyas pruebas se encuentran en las actas resguardadas en una bóveda en Panamá . Eso asumiendo que aún pueda hacerlo, si no lo hizo el día 10 de enero de 2025, fecha en que le correspondía constitucionalmente, a pesar del debate que hay respecto a una posible ausencia constitucional. Pero asumamos por ahora que todavía puede.
Ese acto de juramentación claramente civil, deberá obviamente contar con el respaldo de las FFAA (cosa que todavía no pasa y busca incesantemente la oposición, y que aunque es requisito fundamental para que ocurra, no es el tema de esta nota) y realizarse frente a una Asamblea Nacional legítimamente electa, cosa que no existe en Venezuela.
Algunos dirán que la Asamblea Nacional de 2015, última que gozó de la condición de legitimidad necesaria, aún sigue en funciones. Lamentablemente y pese a que la llamada Asamblea de 2015 se “autoproclamó” en funciones luego de culminar su periodo constitucional de 5 años, difícilmente puede considerarse legítima por nadie fuera del país, considerando que esa condición en el contexto de nuestro sistema republicano, solo proviene de los votos emanados del pueblo venezolano en elecciones libres y transparentes. Y léase aquí que estamos estirando el concepto de que las elecciones presidenciales de 2024 revisten tal condición, considerando así que EGU es Presidente Electo legítimo de Venezuela. Pero sigamos buscando la legitimidad perdida.
En ausencia de una Asamblea Nacional legítima, la Constitución de 1999 vigente prevé que el Presidente Electo puede juramentarse también ante el Tribunal Supremo de Justicia: “Artículo 231: El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Como ya indicamos, en este punto EGU incumplió el artículo 231 al no juramentarse en la fecha indicada en la Constitución, aunque fuera por motivos que escaparan de su control. A eso le sumamos que en Venezuela no existe un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, porque todos los Magistrados de ese máximo Tribunal renunciaron en masa ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro Moros el 1ro de mayo de 2017 y fueron juramentados ante esa instancia ilegítima.
Este evento les dio oportunidad a los Magistrados del TSJ designados ese año por la Asamblea Nacional legítima de ese entonces, exiliados y perseguidos por el régimen, a constituirse en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, en lo que se dio en llamar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo en el exilio.
Sin embargo, la Asamblea Nacional electa en el 2015, durante todo su período constitucional de 5 años, nunca les dio el reconocimiento formal como Alto Tribunal legítimo del país, así como tampoco lo hizo el Gobierno Interino de Juan Guaidó, ni las autoridades de los EEUU, quedando relegados solo como Magistrados del TSJ exiliados y sin ningún apoyo institucional, ni siquiera económico, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por ellos en dictar fuera de Venezuela sentencias únicas e importantes para todos.
Algunos insistieron en su oportunidad en que el Presidente Electo pudo haberse juramentado ante este Tribunal en el exilio, pero lamentablemente este también fue desconocido y despreciado en esa condición por la oposición política de MCM y el mismo Presidente Electo. No es de extrañar que esto último fuera así, dado que fue de la MUD/PU la tarjeta de la que salió el Presidente Electo, y quienes en primer lugar los desconocieron como TSJ legítimo en el exilio.
Si la misma Asamblea Nacional de 2015 ni siquiera los consideró, no como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, sino en su propia condición de Magistrados designados por ellos mismos y perseguidos por el régimen, poco podríamos esperar el resto de los venezolanos que otras naciones puedan considerarlos válidos para legitimar la juramentación de un nuevo Presidente de la República que pueda ser reconocido por la Comunidad Internacional.
Como se verá, entonces existe un hueco institucional mayúsculo que todavía no se cierra al no existir ningún poder público en Venezuela que legitime a un Presidente Electo dando vueltas por el mundo. Y lo que queda claro para todos es que este hueco debe resolverse en términos legítimos para todo el mundo, dentro y fuera de Venezuela, para que se pueda considerar como válida para las contrapartes internacionales una transición legítima en nuestro país. Al menos el 11 de abril de 2002, todas las instituciones eran legítimas y Hugo Chávez Frías podía salir del gobierno con una sucesión constitucional legítima que no pudo ser efectiva por las razones que todos conocemos.
Lamentablemente, quienes condujeron ese evento histórico no estuvieron a la altura de las circunstancias políticas de ese tiempo, y en su infinita torpeza desperdiciaron no solo la mayor manifestación de rechazo a un gobierno en toda la historia de Venezuela –y quizás del mundo-, sino peor todavía, la sangre derramada de todos los venezolanos que se han sacrificado por la libertad de nuestro país desde ese día.
Aquellos que hemos abogado por la convocatoria de un proceso constituyente de carácter originario en Venezuela, no lo hacemos solo por la necesidad de la restructuración del Pacto Social que rige la infame relación actual entre gobernantes y gobernados, y que se materializa en una nueva Constitución, sino que como buscadores de la legitimidad perdida del país, consideramos que en este punto la única manera de hallar esa legitimidad a cualquier cosa que venga ante ese hueco inmenso de la falta grave de instituciones legítimas sobre las cuales hacer descansar cualquier gobierno después de esta tragedia, es reuniendo al Constituyente y refundando la Nación.
Estamos hablando de volver a la base misma de la construcción de un Estado moderno, convocando a los representantes del Poder Originario –de absolutamente todas las tendencias políticas hoy enfrentadas- para que decidan, no solo un gobierno de transición que se ocupe del día a día de una Venezuela destruida, sino también del modelo de desarrollo que se aplique para un nuevo Pacto Social en el futuro, controlando a la vez el curso de los acontecimientos que sobrevendrán después. No es fácil lo que estamos planteándole al país, porque esto amerita que los principales protagonistas políticos revisen las posiciones mineralizadas y enfrentadas, cediendo, en algunos casos, promesas imposibles de hacer realidad en el actual contexto internacional, si en realidad están pensando en el bienestar del pueblo que dicen defender.
Ojalá que a los buscadores de la legitimidad perdida no les pase lo que les ocurrió a los buscadores del arca perdida de la famosa película, que, aun habiéndola encontrado, terminó en un sótano, como si jamás hubiera existido. La diferencia en nuestro caso está en que requerimos con urgencia encontrar esa legitimidad para lograr que alguien de verdad nos tienda una mano de una vez para salir del hueco donde nos encontramos. Y eso será imposible si ni siquiera quienes luchan hoy por un cambio en el estado de cosas del país todavía creen que es innecesario encontrarla. Aunque suene presuntuoso decirlo, tal vez el primer paso sea que lo entiendan primero…
Caracas, 20 de Junio de 2025
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