Un hombre yacía en una acera de Nueva York con una herida de bala, agarrándose el costado.
Emily Borghard, una trabajadora social que reparte provisiones a personas sin techo a través de su organización sin fines de lucro, lo encontró y sacó su teléfono, preparándose para llamar al 911. Pero el hombre le suplicó que no lo hiciera, dijo.
“No, no, no”, dijo. Si lo hacía sería deportado, afirmó en español.
Borghard intentó explicarle que la ley federal obligaba a los hospitales a atenderlo, independientemente de su condición de migrante, pero él estaba aterrorizado.
“Dijo: ‘Si voy a urgencias, eso me pondrá en su radar’”, recordó ella en una entrevista en la que relataba el incidente.
En todo Estados Unidos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales están cada vez más preocupados por el hecho de que personas con problemas médicos graves como lesiones, enfermedades crónicas y embarazos de alto riesgo, están renunciando a recibir atención médica por miedo a ser detenidas por funcionarios de migración. Desde que el gobierno de Donald Trump anunció sus planes de deportaciones masivas y anuló una política de la época de Joe Biden que protegía espacios como hospitales, las clínicas médicas y las iglesias de la aplicación de las leyes de inmigración, los médicos dijeron que habían notado un fuerte aumento de la ansiedad de los pacientes y de los índices de inasistencia a las citas.
Los especialistas sanitarios advierten que, si esta tendencia continúa, la lista de consecuencias podría ser larga: enfermedades infecciosas circulando innecesariamente; peores costos de la asistencia médica debido a enfermedades crónicas no tratadas; y complicaciones peligrosas en el parto para las mujeres que esperan demasiado antes de buscar ayuda, entre otras.
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