
La ola de descontento social en Cuba alcanzó un nuevo pico durante marzo, mes en el que el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) reportó 1.245 protestas, denuncias y expresiones críticas en todo el país.
Por Infobae
Según el informe de la ONG, al que tuvo acceso Infobae, los cortes de electricidad, la falta de agua, la escasez de combustible y el encarecimiento de los alimentos se combinaron con una respuesta represiva del Estado, generando una situación de máxima tensión en las calles.
La Habana fue uno de los epicentros de la protesta. El OCC registró 54 manifestaciones presenciales contra la falta de servicios básicos, acompañadas por 70 grafitis antigubernamentales en diversas ciudades. El mes estuvo marcado por la persistencia de los apagones, que impulsaron a la ciudadanía a organizar cacerolazos y protestas nocturnas con lemas como “¡Libertad!”.
El punto más álgido ocurrió el 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, donde manifestantes ingresaron a la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC). Una vez en el lugar, arrojaron mobiliario y documentos a la vía pública antes de prenderlos fuego.
El OCC catalogó el episodio como uno de los “556 desafíos al Estado policial” registrados en el mes, cifra que superó ampliamente los 432 de febrero y expuso el aumento de la confrontación directa con las autoridades.

Las fallas en los servicios públicos ocuparon el segundo lugar entre las causas de protesta, con 179 registros que reflejan el impacto de la escasez de combustible y los tres colapsos nacionales del sistema eléctrico. El transporte público y la gasolina resultaron cada vez más inaccesibles, mientras la distribución de agua potable sufrió interrupciones prolongadas, según constató el OCC.
La represión estatal se intensificó en respuesta a la movilización ciudadana. El observatorio documentó 159 actos represivos, que incluyeron la detención de más de 40 manifestantes. El caso de la influencer Ana Sofía Benítez Silvente cobró notoriedad: la joven de 21 años fue sometida a prisión domiciliaria y recibió amenazas de hasta cinco años de cárcel tras un operativo de la Seguridad del Estado dirigido a frenar su actividad en redes sociales. “El aparato estatal quedó en evidencia forcejeando con una valiente y menuda jovencita”, describió el informe.
La crisis alimentaria y la inflación también generaron 127 protestas y denuncias en marzo. El sistema de racionamiento estatal profundizó su deterioro, mientras la escasez de combustible elevó los costos de transporte y distribución, impulsando al alza los precios de los alimentos. Un reportaje de TV Azteca provocó un escándalo al revelar que parte de las donaciones humanitarias enviadas por México se vendían en dólares en tiendas operadas por el conglomerado militar GAESA.
En el ámbito social, el OCC identificó 91 incidentes relacionados con jóvenes y familias, afectados por el deterioro de la educación, la emigración forzada y la presión cotidiana sobre los hogares. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, realizaron una sentada en la escalinata de la Universidad de La Habana para expresar su descontento.
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