Esvin Juárez y Rosmeri Miranda-López habían conseguido aquello con lo que muchos migrantes sueñan cuando dejan atrás su país.
Por BBC
Llegaron de Guatemala a Estados Unidos como novios hace 22 años. Se casaron, tuvieron cuatro hijos y se establecieron en Apopka, Florida, donde compraron una casa y levantaron una empresa cementera que hoy da empleo a 16 personas.
Sin embargo, haber cruzado la frontera de forma irregular nunca dejó de perseguirlos.
Y a pesar de años de esfuerzos por obtener el estatus legal, más recientemente con la solicitud para una visa U que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ya había determinado como legítima, este junio acabaron deportados y separados de sus hijos, quienes permanecen en territorio estadounidense.
«Tener aplicaciones de visa pendientes no impide la expulsión de EE.UU.», le contestó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a BBC Mundo al ser consultado sobre este caso.
Es una historia particular que, sin embargo, se ha vuelto cada vez más recurrente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia con la promesa de llevar a cabo «la mayor deportación en la historia».
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