Nuevos tiempos comienzan dentro de la industria petrolera venezolana. El 29 de enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, abriendo la puerta por primera vez en 50 años al capital privado, tanto nacional como extranjero, para operar en la exploración, explotación y comercialización de crudo en el país. Una medida en sintonía con los planes de inversión que la administración de Donald Trump ha venido preparando en Venezuela tras años de políticas estatistas.
El texto se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.798 ese mismo día, comenzando así una nueva etapa de apertura y captación de capital privado para recuperar una industria golpeada tras décadas de desinversión, accidentes por falta de mantenimiento y escándalos de corrupción. Recientemente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo reuniones con representantes de petroleras internacionales como la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, mientras que otras como Trafigura desde hace un mes comercializan con petróleo venezolano con el visto bueno de Estados Unidos.
Para el director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, la medida responde a un contexto muy particular que ha marcado la agenda política y económica del país desde los sucesos del 3 de enero de 2026. El nuevo gobierno de Rodríguez, a diferencia de sus antecesores, ha mostrado hasta el momento una mayor disposición de entendimiento no solo con Washington, sino con sectores privados que habían estado excluidos en la toma de decisiones de los últimos 27 años.
“El país está en una transitoriedad, y esta es una ley transicional que beneficia al incumbente para que pueda invertir. Me parece muy positiva, por supuesto que la atracción de inversiones petroleras va a tomar tiempo, pero esta ley busca darle confianza a los que ya están produciendo”, declara en entrevista para El Diario.
Nacimiento de la ley
El descubrimiento de importantes yacimientos petroleros en Venezuela a principios del siglo XX marcó un punto de inflexión en su economía, hasta ese momento basada en la agricultura de café, tabaco y cacao. Tras “el reventón”, decenas de empresas, la mayoría estadounidenses, se instalaron en el país levantando ciudades enteras alrededor de los campos petroleros, trayendo máquinas, personal técnico y modelos de trabajo que cambiaron radicalmente el paisaje agreste venezolano e incluso sus costumbres, lenguaje y cultura.
El régimen de Juan Vicente Gómez había favorecido la compra de terrenos y la libre explotación de crudo a través de las concesiones establecidas en la Ley de Minas, pero con el paso del tiempo tomó conciencia sobre el valor estratégico que tenía el petróleo en un mundo cada vez más industrializado y ávido por combustibles. Fue entonces cuando se encargó al ministro de Fomento, Gumersindo Torres, la elaboración de la primera Ley de Hidrocarburos del país.
Esta ley reconocía la soberanía de Venezuela sobre sus yacimientos petroleros, reduciendo el área de las concesiones y creando la figura de la reserva nacional. También fijaba en un 15 % las regalías que las empresas debían pagar al Estado. Esta ley fue rechazada por las petroleras extranjeras que ya se habían ganado poder dentro de la sociedad venezolana, y que presionaron la salida de Torres del gobierno. Reformas posteriores entre 1921 y 1923 desmantelaron gran parte de las propuestas originales para mantener los intereses de las empresas.
No fue hasta 1943, en el gobierno de Isaías Medina Angarita, que se reforma la ley en una versión que restableció los derechos del Estado venezolano sobre sus recursos, con plazos de 40 años para las concesiones y obligando a las empresas a refinar una parte del crudo en Venezuela. También incorporó un artículo que fijaba 57 % de las ganancias de la renta petrolera para el Estado y 43 % para el capital privado, aunque esta última no se llegó a ejecutar.
Bajo la presidencia de Rómulo Gallegos, en 1948, finalmente se pudo aplicar el modelo conocido como fifty-fifty, repartiendo en partes iguales las ganancias entre el Estado y las petroleras. Este esquema prevaleció durante décadas en el país marcando su época de mayor prosperidad económica, tanto en gobiernos militares como el de Marcos Pérez Jiménez, como en los primeros años de la democracia, donde se creó en 1960 la Corporación Venezolana de Petróleo como una empresa estatal, aunque sin privilegios sobre el resto de compañías que operaban en el país.
La nacionalización
Todo el panorama cambió en 1976, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez formalizó la nacionalización del petróleo y el gas venezolano. La Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos estructuró la exclusividad del Estado venezolano la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y comercio interior y exterior del petróleo, declarando de utilidad pública e interés social todas sus actividades relacionadas.
La ley contempló indemnizaciones y acuerdos para todas las empresas extranjeras afectadas por la pérdida de sus negocios, mientras el gobierno avanzó en la creación de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que absorbió todas las competencias y actividades de la industria. Tener el 100 % de la renta petrolera se tradujo en ingresos sin precedentes para el Estado que favorecieron el gasto público en políticas sociales y culturales, de infraestructura y posicionamiento geopolítico.
Sin embargo, la saturación de los mercados con una oferta excesiva de petróleo de los países árabes en la década de los ochenta derrumbó los precios del barril y provocó una brutal crisis económica en Venezuela por su fuerte dependencia de este rubro. Esto llevó a que irónicamente el mismo Carlos Andrés Pérez que había nacionalizado la industria ahora apostara por su privatización durante su segundo gobierno entre 1989 y 1993 con el plan Apertura petrolera.
Tras la destitución de Pérez, el gobierno de Rafael Caldera profundizó esta política flexibilizando la ley para permitir la participación de capital privado extranjero en el país, llegando a otorgar concesiones en la Faja Petrolífera del Orinoco a empresas como ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron y Shell.
Rojo rojito
Tras su llegada al poder en 1998, Hugo Chávez revirtió la apertura petrolera hecha por los gobiernos anteriores para retomar la exclusividad del Estado sobre la industria. Esto se patentó con su Ley Orgánica de Hidrocarburos, decretada sin aprobación parlamentaria bajo la polémica Ley Habilitante de 2001.
Con esta ley se limitaba la participación de los actores privados a empresas mixtas suscritas con PDVSA, y en la cual se beneficiaron principalmente países como Rusia, China o Bielorrusia a través de sus convenios bilaterales con el gobierno de Chávez. Esta participación apenas era accionaria, pues toda la gestión y operatividad de las empresas mixtas estaba reservada para el Estado, al igual que la comercialización.
A lo interno, Chávez emprendió una profunda reestructuración de PDVSA a la que tildó como “roja rojita”. Esto llevó a miles de despidos de gerentes y personal técnico, sustituido por cargos asignados por filiaciones políticas. También se usó nuevamente la renta petrolera para soportar el enorme gasto público que Chávez impulsó con sus misiones sociales, fondos sin contraloría como el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) e incluso proyectos en otros países.
Posteriormente, en 2006, Chávez promovió en la Asamblea Nacional una reforma a la ley que profundizó aún más el estatismo de la industria petrolera, reduciendo al participación de los accionistas privados en las empresas mixtas de un 50 % a ser actores minoritarios. También se fijó un control del Estado del 60 % en los proyectos de explotación de crudo ultrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que llevó a fricciones con las transnacionales que operaban allí desde los años noventa.
En respuesta, Chávez expropió todos los activos en Venezuela de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, lo que llevó a demandas en tribunales internacionales que acumularon deudas por más de 10 millardos de dólares para el gobierno venezolano en arbitrajes. En paralelo, se evidenció un declive de la industria, que pasó de producir más de 3 millones de barriles diarios de petróleo (bdp) en 1998 a 2,35 millones de bdp en 2013.
“En esta ley está la impronta del comandante Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. En esta ley está la visión de futuro del presidente Nicolás Maduro, porque hay quienes piensan que esta ley la sacamos así de repente. No, esta ley la habíamos estudiado ya, su reforma, junto al presidente Maduro”, declaró Delcy Rodríguez durante una marcha en Caracas el 29 de enero, al firmar la promulgación de su reforma a la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, todo lo propuesto en las reformas adoptadas por el gobierno encargado va en contrasentido a la visión impuesta por Chávez
Ruta de apertura
Para el momento en que llega la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026, Venezuela enfrenta un momento crítico en su industria petrolera. Desde 2019 las sanciones impuestas por Estados Unidos ahuyentaron la inversión de las pocas empresas que aún se mantenían en el país con la excepción de Chevron, que opera bajo una licencia especial y aporta alrededor de 250 mil bdp a la producción nacional venezolana, que actualmente ronda el millón bdp.
Grisanti considera que esta reforma rectifica 20 años después todos los errores cometidos con las expropiaciones y nacionalizaciones ocurridas entre 2006 y 2007. Destaca entonces medidas implementadas como la posibilidad de que ahora los accionistas minoritarios puedan asumir tareas operativas dentro de sus empresas mixtas, así como negociar la venta de crudo en los mercados internacionales, e incluso abrir cuentas bancarias para depositar los fondos obtenidos en cualquier moneda.
“Se está abriendo una nueva ruta donde el sector privado va a tener un rol único en la industria petrolera venezolana. Yo diría que hay un consenso entre expertos, tanto de derecha como de izquierda, de que el sector público solo no puede y es necesario tejar y crear una alianza con el sector privado para desarrollar y elevar la producción a lo que debería ser el potencial venezolano”, opina.
También destaca que se “desestigmatiza” el tema de las regalías, aunque en este punto todavía se mantiene la cuota del 30 % del volumen de producción de los yacimientos, aunque ahora con garantías de reducciones y exoneraciones que pueden negociarse con los operadores privados.
Nueva ley, nuevo país
El economista señala que si bien la ley pudiera abrir las puertas para la llegada del capital privado negociado por la administración Trump en Estados Unidos, su propósito real parece ser el recuperar la confianza de aquellas empresas que ya operaban en el país y brindarles estímulos para operar nuevamente. Esto se ve precisamente con el interés que Repsol, Maurel & Prom y la italiana ENI han tenido de retomar sus actividades en Venezuela, luego haberse retirado por las sanciones estadounidenses de 2019.
Esto también queda vigente con la implementación de contratos otorgados por el Estado a empresas denominadas “operadoras” para prestar servicios antes reservados únicamente a PDVSA en las actividades primarias. Con esto se formaliza la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP) creados por el gobierno en 2021, y con los que empresas como Chevron se habían amparado para explotar petróleo a pesar de las restricciones de la legislación anterior.
A pesar de esto, Grisanti considera que esta reforma puede resultar bastante provechosa para coyuntura actual en la que se encuentra la industria venezolana, necesitada de inversiones para recuperar su capacidad productiva, pero la ve como una ley de carácter netamente “temporal”.
A su juicio, una vez que haya garantías de un Estado democrático y estable que se gane la confianza de los mercados, será necesario volver a discutir una nueva Ley de Hidrocarburos que atienda las necesidades estructurales de una industria moderna y competitiva. “Espero que en ese momento regresen a Venezuela las mejores mentes y expertos para formular sus propuestas desde lo técnico, lo financiero y gerencial para hacer una ley definitiva acorde a lo que requiere el país”.
La entrada Ley de Hidrocarburos: ¿cómo ha sido su evolución en Venezuela hasta la actualidad? se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
