Juan Serrano, un migrante colombiano de 28 años sin antecedentes penales, asistió el miércoles a una audiencia en un tribunal de inmigración en Miami para lo que pensó que sería un registro rápido.
Por AP
El mohoso juzgado, con sus paneles de vidrio, recibe cientos de audiencias de este tipo a diario. La mayoría dura menos de cinco minutos y termina con un juez que ordena a quienes parecen regresar dentro de dos años que presenten sus argumentos contra la deportación.
Así que fue una sorpresa cuando, en lugar de fijar una fecha para el juicio, los abogados del gobierno pidieron desestimar el caso. «Puede irse», le dijo la jueza Mónica Neumann a Serrano.
Excepto que en realidad no lo era.
Al salir de la pequeña sala del tribunal lo esperaban cinco agentes federales que lo esposaron contra la pared, lo escoltaron hasta el garaje y se lo llevaron en una camioneta junto con una docena de otros inmigrantes detenidos el mismo día.
No fueron los únicos. Esta semana, en tribunales de inmigración de todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Seattle, funcionarios de Seguridad Nacional intensificaron sus acciones de cumplimiento de la ley en lo que parece ser una redada coordinada que prueba las nuevas herramientas legales empleadas por la administración del presidente Donald Trump para realizar arrestos masivos.
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