Las cartas ya están echadas. El juicio más sonado de la política colombiana ha llegado a su fin con la extensa intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sumó cerca de 18 horas a lo largo de dos días de audiencia y cerró este martes con un tono casi suplicante. Frente a la jueza Sandra Heredia, la mujer que sostiene su destino judicial y político entre las manos, Uribe le pidió con solemnidad que lo declare inocente de los cargos de soborno a testigos y fraude procesal. En el Complejo Judicial de Paloquemao, ese laberinto gris en el corazón de Bogotá donde se libra su batalla legal más dura, pronunció sus últimas palabras antes de la deliberación: “Yo soy muy viejo, señora juez. Yo tengo 73 años. Con todo respeto pido a usted, en mi alma, yo quiero que usted me absuelva”.
“No se puede permitir que se normalice la compra de testigos”
Del otro lado de la sala, las víctimas del proceso también hicieron uso de la palabra para contradecir la versión del expresidente y pedir justicia. La semana pasada, cuando la jueza dio paso a los alegatos finales de las víctimas, tomó la palabra el abogado Miguel Ángel del Río. Según él, existió “un modus operandi para manipular testigos, para que cambiaran su versión a favor del señor Álvaro Uribe Vélez”. Agregó que había “una estructura organizada para ofrecer beneficios a cambio de retractaciones”. En su mensaje final, insistió en que “si no se condena esta conducta, se envía un mensaje de impunidad”.
El abogado Reynaldo Villalba reforzó esa línea y alertó sobre la gravedad de la decisión. Aseguró que “lo que aquí se buscaba era enlodar a testigos que habían declarado sobre la relación de Álvaro Uribe con el paramilitarismo” y calificó el expediente como “un caso paradigmático de obstrucción de la justicia”. Con esas intervenciones, la bancada de víctimas cerró sus alegatos respaldando la petición de condena de la Fiscalía y solicitando a la jueza una sentencia que marque un límite claro contra la manipulación de testigos y la corrupción en procesos judiciales. Frente al tribunal, insistieron en que el proceso no es una persecución política sino la oportunidad de sancionar penalmente hechos graves y probados.
