Casi dos semanas después del ataque militar estadounidense contra una embarcación venezolana sospechosa de cargar droga, la información sobre el golpe, en el que murieron los 11 ocupantes de la lancha, sigue llegando con cuentagotas. Lo poco que se sabe multiplica los interrogantes sobre su legitimidad jurídica. Un grupo de senadores ha exigido explicaciones oficiales en una carta remitida al presidente Donald Trump, mientras defensores de los derechos humanos denuncian que “esta Administración está normalizando las ejecuciones extrajudiciales”.
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