De a pocos, una gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México se está convirtiendo en territorio militar. La expansión de las llamadas Áreas de Defensa Nacional (NDA, por sus siglas en inglés), que, desde abril, son zonas otorgadas al Ejército bajo un sistema relacionado con el de las bases militares convencionales, ha continuado en la última semana con el anuncio de dos nuevas, una en Texas y otra en Arizona. Junto con las dos anteriores creadas en los últimos meses, cerca de mil kilómetros de tierra adyacente a la frontera pasaría a ser, en la práctica, del Ejército, empoderando así al cuerpo militar para hacer arrestos de migrantes —a pesar de que sobre el papel eso solo lo pueden hacer cuerpos de seguridad enfocados a lo civil—. La movida, más silenciosa que las redadas o el despliegue de la Guardia Nacional en varios Estados, es otro paso más en la militarización del control migratorio que Donald Trump ha impulsado desde el primer día de su segundo mandato.
Por El País
La primera nueva NDA será administrada como parte de la base militar conjunta de San Antonio y cubrirá aproximadamente 400 kilómetros (250 millas) a lo largo del Río Bravo, en los condados de Hidalgo y Cameron, en el extremo sureste de Texas, de acuerdo a un comunicado de la fuerza aérea. La otra cubrirá unos 160 kilómetros (100 millas) en el oeste de Arizona, y será considerada parte de la estación de los Marines en Yuma, de acuerdo con varios reportes, aunque no ha habido un anuncio oficial. Eso se suma a la NDA que cubre 100 kilómetros (63 millas) desde Fort Bliss, en El Paso, a otra en Nuevo México, que abarca la práctica totalidad de los 270 kilómetros (170 millas) de frontera nacional que tiene el Estado.
Desde su concepción a mediados de abril, las NDA han sido polémicas. De acuerdo con el Gobierno, son tierras federales que han sido designadas como áreas militares, lo cual permite que el personal militar patrulle, detenga a personas por intrusión y lleve a cabo “operaciones de seguridad”. Ante esto, varios críticos, entre ellos entidades como el centro Brennan para la Justicia, una institución legal apartidista, han alertado que la estrategia está diseñada para evitar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a las fuerzas armadas federales, como los militares, participar en tareas de seguridad que corresponden a los cuerpos civiles. Los abogados del centro argumentan que este permiso debe ser otorgado por el poder legislativo o la Constitución.
Pero las críticas no se han traducido en recursos legales y las NDA ya están funcionando de manera eficiente, generando unos 1.400 arrestos de migrantes en un par de meses, de acuerdo a AP.
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