El sistema de salud venezolano, a pesar de haber tenido épocas de bonanza, ha experimentado un deterioro progresivo que impacta directamente la calidad de vida y el acceso a servicios esenciales para los ciudadanos. Este declive no es sólo resultado de la incapacidad, sino de un modelo de dominación más siniestro, gestado por la interacción de fuerzas económicas, políticas e influencias externas.
Venezuela con dos sistemas de salud paralelos, ha entrado a un estado estacionario.
Por un lado el sistema público: una red de atención que, en un principio, dependía de los ingresos petroleros para satisfacer las demandas. Sin embargo, a medida que estos recursos disminuyen y la población crece, el sistema público se vio profundamente afectado. Perdió el control sobre insumos, instalaciones, gestión y personal, transformándose de un sistema a un mero «entorno de supervivencia».
Por otro lado, un sistema privado basado en seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), accesible solo para empleados de empresas o instituciones que ofrecían este beneficio. Este sector también ha enfrentado desafíos, para mantener sus precios y coberturas a medida que los ingresos petroleros mermaban y la demanda de salud aumentaba, incluso con inversiones de capitales surgidos de acuerdos políticos y necesidades reales.
En un contexto de escasez de recursos petroleros y la ineficiencia de la administración política, la salud se ha convertido, lamentablemente, en una herramienta de propaganda y control político. Gobiernos y candidatos han utilizado el derecho a la salud, los insumos y medicamentos como moneda de cambio para obtener votos y cargos. Esta instrumentalización ha impedido la creación de un sistema de salud independiente, autosuficiente y con financiamiento sostenible, convirtiéndolo en un mecanismo de chantaje en manos de una clase política deteriorada y empresas a la sombra de estos; por ejemplo, la importación de insumos y medicamentos.
Venezuela enfrenta una crisis macroeconómica severa, marcada por la alta inflación, la fuga de capitales y la baja inversión. A esto se suma una extendida corrupción y malversación. Como resultado, los ya insuficientes ingresos petroleros no han podido sostener el sistema de salud. Los recursos no alcanzan para el mantenimiento básico, la actualización de equipos, la profesionalización o la contratación de personal. En el mejor de los casos, apenas se proveen insumos mínimos, a menudo con medicamentos de dudosa calidad o incluso vencidos.
La doctrina de salud dominante, a pesar de estar anclada en la Constitución de 1999 que establece la salud como un derecho garantizado por el Estado, presenta serias contradicciones.
Aunque se perciba como gratuita, el mantenimiento del sistema público tiene un costo real que no se planifica ni cubre adecuadamente. Además, una parte significativa de la cobertura se da a través del sistema privado. La gratuidad y universalidad no se traducen en un acceso seguro y constante sin desembolso de dinero. El presupuesto asignado (una proporción del PIB) no se ajusta a las recomendaciones de la OMS y se pulveriza en asignaciones a los estados y municipios, que no logran cubrir las demandas de la red pública.
Idealizado el Estado constitucionalmente (contradicción entre el diseño teórico de la constitución y la realidad operativa), este se asume como el proveedor automático de la salud, en lugar de entender que se trata del acceso y disponibilidad de los canales para una salud integral.
La visión de un sistema integrado, descentralizado y participativo se desvanece por las disrupciones. A pesar de la idea de un sistema público unificado, en la práctica, existe una fragmentación y deficiencias en la articulación entre los diferentes niveles de atención. Millones de venezolanos, especialmente en comunidades indígenas, rurales o alejadas de las principales ciudades, tienen acceso limitado.
«No privatización» como manipulación, es la retórica circunstancial que representa un «arma de doble filo». Si bien los activos son propiedad del Estado, los servicios sanitarios deben ser eficientes y auditables. No obstante, las instituciones privadas ya concentran una parte importante y esencial de los procesos, evidenciando un sistema de salud bicéfalo y diferenciado.
La implementación de esta doctrina ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos críticos, como son: la crisis humanitaria compleja, la cual supera la contracción económica, consolidándose en el tiempo con el desmoronamiento de la gobernanza y profunda incomprensión por parte de los ciudadanos. Al mismo tiempo, una infraestructura hospitalaria y ambulatoria que se ha deteriorado, con una recuperación física muy costosa, y la existencia de una escasez crónica de medicamentos, equipos e insumos.
Finalmente la migración de personal de salud, debido a los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo, afectando gravemente la capacidad de atención.
En resumen, la situación actual del sistema de salud venezolano no es un mero revés económico, sino la manifestación de un modelo de dominación que ha comprometido el bienestar de millones de ciudadanos. La recuperación exigirá no sólo una inyección de recursos, sino una profunda revisión estructural, ética y política que priorice la vida sobre cualquier otro interés.
@abrahamsequeda
