En la víspera de Año Nuevo, un grupo de migrantes cruzó el Río Grande desde México hacia el condado de Maverick y se entregó a los soldados del Departamento de Seguridad Pública de Texas y a los soldados de la Guardia Nacional que patrullaban la frontera.
Entre ellos se encontraba Pedro Luis Salazar-Cuervo, venezolano de 28 años sin antecedentes penales, quien fue acusado por la policía estatal de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua tras encontrar una foto suya en un teléfono posando con otro hombre con tatuajes, también acusado de ser pandillero, según sus abogados. A mediados de marzo, las autoridades federales de inmigración lo habían deportado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, junto con más de 230 personas más, a quienes el presidente Donald Trump calificó como «lo peor de lo peor».
Los abogados de Salazar-Cuervo afirman que la afirmación de Texas de que pertenece a una pandilla es infundada y que ni el Departamento de Seguridad Pública ni los fiscales estatales han presentado más pruebas que demuestren su conexión con el Tren de Aragua. Quieren que sea devuelto a Estados Unidos para que enfrente los cargos estatales.
El martes por la mañana, un juez de Texas acordó que debe ser devuelto a juicio en agosto por allanamiento de propiedad privada, un delito menor que se castiga con hasta un año de prisión. Las autoridades texanas han utilizado este cargo para arrestar a miles de migrantes en el marco de la operación fronteriza estatal, la Operación Estrella Solitaria, desde que el gobernador Greg Abbott la lanzó en 2021 para disuadir a las personas de cruzar la frontera.
La jueza de distrito Maribel Flores ordenó a los fiscales del condado de Maverick que solicitaran al gobierno federal que intentara el regreso de Salazar-Cuervo a Texas. No está claro si el gobierno federal tomará alguna medida para traerlo de vuelta.
El caso de Salazar-Cuervo, que no se había informado anteriormente, es el último ejemplo de cómo las autoridades federales y de Texas etiquetan a alguien como miembro de una pandilla, con evidencia cuestionable, mientras la administración Trump intenta realizar las deportaciones masivas que el presidente prometió durante la campaña electoral.
Lea más en The Texas Tribune
