En AJI Port, una tienda de armas de Mesa, Arizona, en plena pandemia (el 6 de agosto de 2020), fue comprada la pistola Glock 9 milímetros que usó el sicario que el pasado sábado intentó asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el occidente de Bogotá.
Por eltiempo.com
La del origen del arma usada en el atentado es una de las pistas más sólidas que tienen hoy la Fiscalía y la Policía para seguir subiendo en la cadena criminal responsable del ataque que tiene a Uribe Turbay luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.
El comprador fue un sujeto identificado como Charles Joe Anderson, según estableció la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos a petición de las autoridades colombianas, y se trabaja para determinar cuándo y cómo entró al mercado negro que nutre de armamento a la criminalidad en el país.
La Fiscalía intenta vincular la pistola a otros asesinatos ocurridos en Bogotá y el centro del país. Con esa pista y las declaraciones del sicario, que ya cumplió los 15 años y estuvo en programas de apoyo a población marginada, tanto del orden nacional como del Distrito, se avanza para determinar plenamente la red a la que pertenecía y a quién le vendió sus servicios criminales.
La información que el joven se ofreció a entregar y el rastreo de todos sus movimientos de las últimas semanas son otra veta clave en el proceso. Del sicario, que por ahora enfrentará cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, se supo que estuvo en el programa ‘Jóvenes en Paz’ y que se retiró voluntariamente después de un par de meses en los que, según dijo el presidente Gustavo Petro, dio muestras claras de su carácter conflictivo.
EL TIEMPO estableció también que hace apenas dos semanas fue contactado en la zona de Engativá por el Idipron, la entidad del Distrito encargada de la atención a poblaciones vulnerables, pero que se negó a ingresar a los programas voluntarios de educación y de formación laboral que le ofrecieron.
También se estableció que tiene cinco anotaciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes entre los años 2020 y 2024. Para la Fiscalía, asegurar la integridad del sicario es clave. Por ello, no irá a uno de los centros de restitución de derechos del ICBF, sino que permanecerá bajo la custodia del ente acusador.
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