La Asamblea Nacional (AN) planea realizar el 12 de febrero la segunda discusión de la ley de amnistía para la convivencia democrática, luego de una semana de debates y consultas con diferentes sectores de la sociedad civil. En este proyecto recaen las esperanzas de más de 500 familias de presos políticos que esperan, tras su aprobación, un proceso masivo de excarcelaciones y reencuentros, como los que ya se han visto en el último mes en Venezuela.
En su artículo 1, la ley de amnistía establece que se pondrá fin a los casos judiciales de procesados y condenados por motivos políticos desde enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026. De acuerdo con la organización Foro Penal, solo desde el año 2014 se han registrado más de 18.842 detenciones por razones políticas en el país, de los cuales 11 mil siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad. Por otro lado, desde el 8 de enero han hecho públicos nuevos casos de presos políticos que no estaban en las listas de ninguna organización, pues sus familiares tenían miedo de denunciar o habían sido coaccionados.
Por este motivo, cuando el contenido del proyecto de ley se hizo público el 6 de febrero —un día después de aprobarse en primera discusión—, saltaron varias alarmas entre quienes esperaban un proceso amplio e incluyente, acorde con el momento político del país. Varios expertos en derecho, así como organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación no solo por los sesgos políticos y carácter revictimizante de su redacción, sino también por la ausencia de garantías básicas fijadas por las normas internacionales sobre amnistías.
Ley excluyente
El abogado y profesor universitario Joel García señala que el borrador de la ley de amnistía presentado por la AN falla por ser “muy excluyente”, al dejar por fuera a más del 90 % de los presos políticos actuales, de acuerdo con sus propias estimaciones. Precisamente uno de los puntos más controversiales ha sido el artículo 6, que en contradicción con el artículo 1, limita el alcance de la amnistía a una lista de 10 hechos puntuales en los que consideran que hubo violencia política.
Entre estos hechos están los acontecimientos del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero y “sabotaje empresarial” de ese año, así como de las protestas de los años 2004 y 2007. En el caso del estallido social de 2014, acota su rango a detenciones ocurridas entre los meses de febrero y junio, mismo caso con 2017, entre marzo y agosto. Cierra con los hechos de enero a abril de 2019 y con la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024.
Es decir, quedarían por fuera detenciones ocurridas en meses y años fuera de la ley, como por ejemplo 2023 o 2025, además de casos aislados de que no están englobados dentro de estos hitos o que pertenecen a patrones de persecución sistemática por delitos como la incitación al odio. Igualmente, se excluyen por completo casos de alzamientos militares como la Operación Gedeón de 2020, el ataque al fuerte de Paramacay de 2017, o los señalados por la denominada “Operación Brazalete Blanco” de principios de 2024.
“De esos 27 años, la ley que se nos presentó solamente cubre dos años y dos meses, si sumo los meses que están incluidos y los años que están incluidos. Entonces, eso nos dice dos cosas: que excluye a una serie de hechos; y segundo, que el Estado cree que ellos cometieron violaciones a los derechos humanos solamente durante dos años y dos meses, como si eso no fue una práctica sistematizada y generalizada durante estos 27 años”, explica en entrevista para El Diario.
Mea culpa
En un comunicado publicado el 30 de enero de 2026, horas después de su anuncio, Foro Penal explicó las diferencias entre una amnistía y un indulto. Mientras el primero es el perdón otorgado por una autoridad a un delito reconocido y sancionado, la amnistía parte del “olvido” del hecho mismo, lo que deriva en la anulación de las acciones tomadas en represalia. “La amnistía es una renuncia de la potestad del Estado para perseguir y sancionar determinados hechos, generalmente con la finalidad de lograr la paz social”.
En este sentido, las amnistías suelen ser medidas tomadas tras largos procesos de conflictos en los que se han documentado actuaciones del Estado contrarias al derecho. Aunque esto se corresponde con lo vivido en Venezuela en las últimas décadas, una observación que hacen tanto García como el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, es que precisamente el proyecto de ley propuesto por la AN posee un problema conceptual de origen, ya que en todo su texto, el gobierno se niega a reconocer que los presos y perseguidos políticos fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.
“La reconciliación, precisamente desde la justicia transicional viene dada es por eso, de reconocer que tú cometiste errores, que por ello tienes que reparar, restituir, indemnizar a esas víctimas, esas violaciones de los derechos humanos, y esta ley no lo contempla. Por el contrario, más bien revictimiza a la víctima, porque le hace ver que lo que le están dando es una clemencia, porque tú fallaste y tú me cometiste un delito y yo te voy a perdonar. Y ese no es el propósito de una ley de amnistía”, acota.
Justamente al no haber un reconocimiento explícito del Estado de sus faltas, el abogado señala que tampoco existe ningún tipo de disposición que hable de principios de no repetición de las violaciones de derechos humanos cometidas ni de reparación e indemnización de las víctimas.
“No habla de un fondo patrimonial para indemnizar a las víctimas. Tampoco habla de una comisión verificadora, una comisión de la verdad que esté integrada por la pluralidad de la sociedad civil, las academias, las ONG y organismos internacionales. En definitiva, es un proyecto de ley que no nos sirve para lo que queremos verdaderamente, si es reconciliar, pacificar y tener una democracia estable y duradera”, advierte.
Lluvia de ideas
Tras su aprobación en primera discusión, se nombró a una comisión parlamentaria la cual se encargó de escuchar las propuestas y observaciones de varios sectores en su fase de consulta pública. En este proceso fueron convocados a las sesiones desde decanos de las facultades de derecho de las principales universidades del país, representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los presos políticos.
“Lo que he podido observar en las sesiones que han tenido con miembros de la sociedad civil es que esa gente de la que integra esa comisión no sabe ni cuántos presos políticos existen, ni en qué condiciones están. Hay un desconocimiento total sobre cuál es el problema a solucionar. He visto en esas sesiones que verdaderamente son las ONG quienes les han dicho, son los familiares los que les han puesto en conocimiento de la problemática que existe”, comenta García.
En un comunicado publicado el 11 de febrero, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, sintetizó varios puntos que los diferentes voceros de la sociedad civil han pedido a la comisión que se incorpore a la ley. Expresa la necesidad de que el rango temporal de la amnistía de 1999 a 2026 se mantenga en un sentido amplio, sin limitarse a hechos específicos, y amparando por igual a civiles y militares, procesados o condenados. También que se declare expresamente la pérdida de carácter delictual de los hechos imputados, sin que ello represente un reconocimiento de culpabilidad por parte de los beneficiados.
También solicitó, como forma de garantizar el principio de no repetición, que el Estado desmantele su aparato represivo, comenzando por la derogación de leyes punitivas como la Ley contra el Odio (2017), la Ley Simón Bolívar (2024), la ley de fiscalización de las ONG (2024). También el compromiso de las autoridades para ejecutar en un lapso no mayor a 180 días la revisión de todos los casos para su sobreseimiento o anulación de sentencia.
Otras propuestas recogidas por la comisión en los últimos días contemplan resarcir los casos de despidos y jubilaciones forzadas por razones políticas, la devolución de bienes incautados y el levantamiento de los procesos administrativos e inhabilitaciones políticas en la Contraloría General de la República. También el cierre de los centros de tortura documentados por las Naciones Unidas y la reestructuración o disolución de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Ampliar el margen
Durante años Joel García se ha dedicado a la defensa de personas detenidas por causas políticas. Desde dirigentes de alto perfil hasta ciudadanos comunes arrestados en protestas. Su experiencia tratando con los entuertos del sistema judicial y violaciones constantes al debido proceso hacen que vea con extrema preocupación el carácter selectivo del artículo 6 de la amnistía. Sabe que cualquier caso que quede fuera de las excarcelaciones puede significar más años de juicios marcados por audiencias diferidas y arbitrariedades.
Por ese motivo, espera que las sesiones de la comisión parlamentaria con expertos y familiares hayan servido para ampliar el margen de aplicación de la ley, sin dejar ningún preso político atrás. “De otra manera, a esas personas que no estén incluidas, les va ser muy cuesta arriba poder lograr su libertad, porque no va a haber motivos para lograrlo. Entonces, van a tener que seguir el juicio completo y tratar de lograr que sean absueltos, pero yo dudo mucho que eso suceda”, lamenta.
En un video publicado en su cuenta de Instagram el 10 de febrero, la presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Elsa Gómez, aseguró que la ley de amnistía solo era aplicable para los casos en los que no haya una condena firme. Agrega que para aquellos detenidos con sentencias penales se debe aplicar entonces la figura del indulto, que implica “la extinción o reducción de pena impuesta por sentencia penal firme”.
“Es verdaderamente penoso que lo diga la máxima representante de la Sala de Casación Penal, es grave. Eso es un error jurídico garrafal, una confusión conceptual muy grave. No sé si es que nunca ha leído sobre lo que es una amnistía y cuál es la diferencia con el indulto, pero es un error muy grande. Además que en ese post se atreve a decir que la definición de amnistía la contiene la Constitución. No, al contrario, el artículo 29 más bien establece qué no se puede amnistiar, cuáles son los delitos que no se pueden amnistiar ni se pueden indulta”, opina García al respecto.
Las declaraciones de la magistrada, aparte de contradecir todas las partes del proyecto de ley que explícitamente refieren a procesados con juicios pendientes, generó alertas por parte varios abogados y activistas. Algunas figuras como el exfiscal en el exilio Zair Mundaray o el profesor de Derecho Penal Alberto Arteaga Sánchez incluso hablaron sobre la necesidad de designar “jueces ad hoc” dedicados especialmente para atender los casos de amnistía, y así evitar conflictos o malas prácticas derivadas de intereses políticos.
Libertad condicionada
El 8 de febrero, el líder opositor Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras casi un año detenido. Luego de participar en varios actos y en una caravana que recorrió El Helicoide y Zona 7 para acompañar a los familiares de los presos políticos, Guanipa fue abordado esa misma noche por funcionarios encapuchados. Poco después, el Ministerio Público anunció que había revocado sus medidas cautelares, pasando a estar ahora bajo casa por cárcel.
Esto evidenció para García una realidad cruda detrás de todas las excarcelaciones de presos políticos: a pesar de estar en la calle y con sus familias, todavía siguen sin ser libres. En casi todos los casos, siguen sujetos a medidas cautelares que restringen sus movimientos y capacidad de acción. Y en ejemplos como el de Guanipa, demuestran que cualquier paso en falso que pueda ser tomado de forma negativa por el gobierno puede significar el fin de esa libertad, e incluso el regreso a prisión.
“Estas medidas llevan implícito que las personas tienen que guardar silencio, es decir, están obligados a callarse, a no decir la verdad, a no decir lo que les sucedió, a no luchar por la libertad de Venezuela, porque, de lo contrario, le será revocado por la medida cautelar sustitutiva de libertad. Y lo que se hizo con Juan Pablo Guaniba, precisamente, ellos lo hicieron como una medida ejemplarizante para que los demás se vean en ese espejo”, observa.
Esto resulta particularmente grave en el contexto de la ley de amnistía, ya que algunos voceros del oficialismo han asomado que los derechos recuperados por los beneficiarios deben estar condicionados a un compromiso de no reincidir en conductas que se consideren que atentan contra “la convivencia y la paz del país”.
“Los miembros que conforman la comisión que está evaluando la ley creo que tienen una ignorancia enorme sobre qué es una ley de amnistía, para qué es y qué se persigue con ella. Cada vez que se expresan da terror lo que dicen. Por ejemplo, escuché a Jorge Arreaza decir que Juan Pablo Guanipa lo encarcelan porque él violó el principio de no repetición. Eso es un exabrupto, eso es un error garrafal, porque el principio de no repetición precisamente es para que ese Estado que vulneró el derecho se comprometa a nunca más cometer esos crímenes”, explica el abogado.
Objetivos claros
El proyecto de ley de amnistía se mantuvo en completo hermetismo antes de su presentación en la AN, e incluso durante su primera discusión solo se hizo público su exposición de motivos. No fue hasta el día siguiente que se conoció la ley, para la cual no se tomaron en cuenta a las organizaciones especializadas, familiares o siquiera a las bancadas opositoras del mismo Parlamento.
Ahora, con tan solo una semana de consultas y recepción de propuestas, la comisión encargada ya está dispuesta a llevarla a su segunda discusión. Nuevamente, se desconoce si se hizo algún cambio o incorporación en función de lo escuchado en esas sesiones. Esto ha llevado a algunos sectores opositores y a expertos como Arteaga Sánchez a calificar la ley como “apresurada” o “chucuta”.
A pesar de esto, García asegura que lo importante en estos casos no es el tiempo que demore la elaboración de la ley, sino la claridad que tenga para cumplir su objetivo de lograr la paz social, la reconciliación nacional y la convivencia democrática, pero sin dejar a un lado la justicia y la verdad.
“Una ley de amnistía no debería contener más de 15 artículos, y lo que hay es que tener conciencia de qué se va a colocar allí. Si tienen claro ya lo que se debe incluir, se pudiera hacer en poco tiempo. El problema es que no lo tengan claro, porque si no, puede ser una semana, dos semanas, un mes, tres meses, e igual van a ser lo mismo”, acota.
El docente universitario agrega que además de las medidas de reparación material necesarias, también es importante que la amnistía cree condiciones para la reparación simbólica de todas las heridas dejadas en la sociedad. Esto parte por promover obras que fomenten la memoria histórica y concienticen a la población para la no repetición.
“Entre la reparación simbólica está crear monumentos que nos hagan recordar estos momentos, además de incluir en los textos escolares estos hechos de amnistía y de violación a los derechos humanos. Hay que sembrar conciencia desde temprana edad de que la democracia y la libertad no hay que perderlas, y además de que los derechos humanos hay que respetarlos por encima de todas las cosas”, apunta.
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