El destino y las finanzas de Andrés Mountbatten-Windsor se han convertido en uno de los temas más polémicos y opacos de la monarquía británica en la actualidad. La pregunta sobre el origen de los recursos que han permitido a quien ha perdido su título de príncipe mantener durante años un elevado nivel de vida ha vuelto al primer plano. Tras décadas apartado de la vida pública por su implicación en el escándalo ligado a Jeffrey Epstein, el antiguo duque de York enfrenta un proceso de desalojo de su residencia en Royal Lodge, situada en los terrenos del castillo de Windsor, después de recibir la notificación de que debe mudarse a una propiedad privada alternativa. Según han informado medios británicos, sus próximos planes pasan por trasladarse a una finca ubicada en Sandringham, al este de Inglaterra.
La capacidad de Andrés para mantener su tren de vida, sin fuentes de ingreso visibles y amparado por el tradicional secretismo Windsor y por vínculos con magnates internacionales, ha evitado durante años el escrutinio público. Esa protección, sin embargo, parece menguar ante la presión social que ha acompañado las denuncias de Virginia Giuffre, una de las mujeres que señaló haber sido víctima de la red de explotación de Epstein y que acusó a Andrés de agresión sexual cuando era menor de edad. Tras la publicación póstuma de su libro, el clima de indignación se ha intensificado.
El consenso político en torno a la familia real británica se ha resquebrajado en las últimas semanas. El comité parlamentario ha solicitado información detallada sobre las propiedades y contratos del exmarido de Sarah Ferguson. Las investigaciones oficiales muestran que la única fuente de ingresos declarada de Andrés Mountbatten-Windsor es la pensión de su servicio en la Marina Real británica entre 1979 y 2001, estimada en 23.000 euros al año. Esa cantidad contrasta con los 21 millones de euros que pagó en 2014 por la adquisición del chalet Helora, en Suiza, y con los fondos requeridos para mantener Royal Lodge, una mansión de estilo georgiano con 30 habitaciones y situada en 40 hectáreas dentro de Windsor Great Park. El inmueble pertenece a la Corona y es objeto de un arrendamiento de larga duración. Andrés obtuvo el derecho de uso en 2003, tras la muerte de su abuela, la Reina Madre Isabel Bowes-Lyon. Entonces ejecutó un pago único de 1,2 millones de euros y se comprometió a invertir 8,7 millones en su rehabilitación, tareas concluidas mayoritariamente en 2005.
Desde entonces, Andrés no pagaba alquiler, residía bajo la condición de costear el mantenimiento. Según anunció este jueves, 30 de octubre, el Palacio de Buckingham: “Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra”.
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