Fundación Solón
El altiplano visto a lo lejos es homogéneo. La extensa meseta árida solo desaparece del horizonte con el largo cordón de montañas que la rodea, la cordillera de los Andes. En medio de los omnipresentes tonos ocres, hay un cristalino río que desciende de picos que superan los 5.000 metros.
Por El País
Es el Río Grande de Lípez, parte de una red de cuencas cuyas aguas no llegan al océano, sino que se acumulan en lagunas o se infiltran bajo tierra. Son la fuente de vida para los más de 14.000 habitantes de la provincia boliviana de Nor Lípez, en su mayoría quechuas con una pequeña proporción de aimaras. Además de los camélidos y aves migratorias de la zona. Un sustento que los comunarios ven amenazado por estar junto al salar de Uyuni, la mayor reserva de litio del mundo, materia prima de las baterías de coches eléctricos, pero cuya explotación requiere ingentes cantidades de agua.
“No estamos en contra de la industrialización, pero queremos que nos expliquen cómo se manejará el agua y cuál será su impacto en la comunidad. Vivimos del cultivo de quinua y la crianza de llamas que se alimentan del río”, cuenta el secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), Iván Calcina.
La organización, que agrupa a las 53 comunidades que conforman la provincia, perdió el 13 de junio un juicio contra el Gobierno. Demandaron al Ministerio de Hidrocarburos por no cumplir la consulta previa a los pueblos nativos sobre la explotación de recursos no renovables, como dicta la Constitución de Bolivia. El juez del caso desestimó la denuncia, argumentando que el mecanismo utilizado para presentarla —la acción popular— no era el idóneo.
“La conclusión en el último ampliado fue declararnos en estado de emergencia. Continuaremos con la lucha y pensamos llevarla al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice Calcina. La defensa del Gobierno alega que todavía no corresponde hacer la consulta previa, porque la extracción de litio en Bolivia a gran escala aún no ha comenzado. “Este proceso se encuentra en trámite [están pendientes de aprobación dos contratos de explotación con la empresa china CBC y la rusa Uranium One]. No se ha definido la tecnología ni la ubicación exacta de las plantas. La consulta previa es infundada”, argumentó en la audiencia la directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Marcela Cortez. Añadió que el salar de Uyuni, que alberga 21 millones de toneladas cúbicas de litio, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, no está ubicado en territorio ancestral de las comunidades.
Falta de agua
Sin embargo, ya opera en el sitio una planta estatal desde 2024, aunque aún a menos del 20% de su capacidad. Si el Congreso acepta finalmente esos contratos, se construirán otras tres centrales. Antes que eso suceda, los lugareños de Nor Lípez quieren que se haga un estudio ambiental por una entidad imparcial y no, como estipula el acuerdo, por las empresas privadas. También quieren una ley del litio que, entre otras cosas, especifique con claridad la cantidad de agua necesaria para su explotación. A falta de datos oficiales, un estudio del Centro de Investigación y Documentación de Bolivia concluye que, entre las cuatro plantas, se necesitarán 47,5 millones de metros cúbicos de agua anuales. Esto es 15 veces más agua de la que traen las lluvias por año (3,2 millones).
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